Quince meses después del asesinato de dos guardias civiles en el puerto de Barbate a manos del conductor de una narcolancha, sus familias han perdido la fe en el Ministerio del Interior. Ante el silencio institucional y el aumento de la violencia vinculada al narcotráfico en el Estrecho de Gibraltar, han optado por acudir al Parlamento Europeo. En una carta, han denunciado la «inacción política» y han alertado de que «la situación no sólo no ha mejorado, sino que ha empeorado de manera significativa».
El escrito ha servido como punto de partida para una investigación de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, cuya delegación llega hoy a Barbate para evaluar sobre el terreno las condiciones en las que operan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en una de las zonas más conflictivas de Europa en materia de narcotráfico. La visita, no exenta de controversia, fue inicialmente rechazada por el PSOE, pero finalmente la propuesta salió adelante y la misión se extenderá a Barbate, Algeciras y Sevilla durante esta semana.
La carta enviada al Parlamento está firmada por la viuda, la madre y la hermana de David Pérez, uno de los agentes asesinados, y ha criticado duramente la falta de avances desde el trágico suceso. En este contexto, han advertido que «no han llegado recursos humanos y los medios materiales siguen siendo insuficientes», subrayando que las operaciones de alto riesgo continúan desarrollándose sin el equipamiento necesario.
Por ello, el objetivo de esta misión es recoger testimonios directos sobre el terreno y evaluar si la Unión Europea puede impulsar legislación para reforzar la protección jurídica y laboral de los agentes en zonas de alta criminalidad. Esta visita responde a una petición presentada por la Confederación Española de Policía (CEP) a finales de 2023, en la que se solicitaba, entre otras medidas, que las agresiones a policías fueran consideradas «eurodelito».
