Familias extranjeras viajan a Granada para abandonar a sus hijos adolescentes y beneficiarse de las ayudas públicas según una tendencia que, lejos de ser aislada, ha ido cobrando fuerza durante 2024 tanto en esta provincia andaluza como en otros puntos del país. El esquema se repite con precisión: padres con recursos económicos suficientes llegan con visado de turista, dejan a sus hijos de alrededor de 17 años en una comisaría, juzgado o centro de protección alegando desamparo, y regresan a su país de origen ese mismo día o a los pocos días. El objetivo es activar el protocolo de menores extranjeros no acompañados (menas) para que la Junta de Andalucía —y, por extensión, el Estado— asuma la tutela, la educación y los gastos básicos del menor, que después obtendrá permisos de residencia y vías preferentes hacia la nacionalidad española.
Durante este año, el diario Ideal ha identificado más de 35 casos solo en la provincia de Granada, cifra que está tensionando los dispositivos destinados a jóvenes realmente vulnerables. Los trabajadores de los centros de protección reconocen que es un asunto «espinoso» y que, oficialmente, ni la Policía Nacional ni la Junta aportan datos. Sin embargo, las fuentes entrevistadas coinciden en la misma impresión: los chicos no llegan desprovistos de recursos, sino todo lo contrario. Llegan con ropa de marca, maletas nuevas, teléfonos de última generación y un dominio notable de idiomas como inglés, francés, árabe o incluso español. Es un perfil totalmente distinto al de los menores que arriban en patera o en travesías de alto riesgo.
La Fiscalía de Menores confirma que no tramita estos casos porque constituyen posibles delitos cometidos por adultos; sólo recibe las comunicaciones policiales. Ya en informes anteriores, la Fiscalía había advertido del crecimiento del abandono premeditado de adolescentes —principalmente marroquíes— en dependencias policiales de Granada, Castellón u Orense, presentándose como jóvenes sin familia para forzar que las instituciones españolas se hagan cargo de ellos.
El patrón, según los testimonios recabados, persigue un plan claro: asegurar estudios gratuitos, cubrir los gastos de manutención y facilitar la obtención de la residencia en cuanto cumplan los 18 años, lo que también abre la puerta a que la familia logre la nacionalidad con posterioridad. Aunque muchos de estos jóvenes conocen perfectamente el propósito del viaje, una parte acaba desbordada emocionalmente tras días o semanas en el sistema de protección, lejos de sus hogares y con la carga de mantener la versión de que están solos.
En los pocos casos en los que la Policía localiza a los padres todavía en Granada, los menores son devueltos inmediatamente y se advierte a las familias de su responsabilidad legal. También se informa a los juzgados por un posible delito de abandono de menores. No obstante, la mayoría de progenitores ya han abandonado el país cuando se comprueba la situación.
El fenómeno no es exclusivo de Granada. Málaga, Madrid, Vitoria y varias provincias catalanas han registrado episodios idénticos. En Tarragona, la Policía Nacional desarticuló en octubre una red organizada que había utilizado este sistema para que docenas de familias fingieran que sus hijos eran menores no acompañados. La operación terminó con 30 detenciones y un fraude detectado de más de 1,5 millones de euros en prestaciones y cotizaciones de la Seguridad Social.
El sistema de protección, aun detectando el engaño, no puede excluir a ningún menor que se declare sin tutela, por muy evidente que sea su solvencia económica. La normativa obliga a ofrecer atención sanitaria, escolarización y un itinerario de permisos de residencia. Y es precisamente esa rigidez del marco legal la que, según advierten los profesionales consultados, explica por qué el fraude continúa creciendo: mientras nada lo impida, algunos seguirán aprovechando un modelo diseñado para jóvenes realmente desamparados.
