El pasado 1 de junio dimitía Manuel Moix, fiscal jefe Anticorrupción, que había permanecido menos de tres meses en el cargo.
La causa última de su dimisión fue la acusación de haber escondido que era propietario del 25% de una sociedad en Panamá, creada por su padre, a cuyo nombre estaba la propiedad de un chalé en Collado-Villalba. Sin embargo, la polémica ha rodeado su actuación desde que fue elegido, sobre todo porque desde los partidos políticos de la oposición y desde muchos medios de comunicación se le consideró un “ariete del PP en la Fiscalía”.
Algo de ello debía haber cuando Ignacio González, el expresidente de la Comunidad de Madrid hoy procesado por el caso Lezo que investiga la trama de corrupción en torno al Canal de Isabel II, fue grabado asegurando que la elección de Moix, en febrero pasado, “sería cojonudo. Es un tío bueno y serio”.
Una elección politizada
La elección del Fiscal Jefe Anticorrupción es una decisión personal del Fiscal General del Estado, un puesto que en la actualidad ocupa José Manuel Maza. Que tomará su decisión tras consultar al Consejo Fiscal, formado por doce fiscales, pero cuyo dictamen no tiene carácter vinculante. Maza, tras anunciarse la dimisión de Moix, hizo dos declaraciones de calado: la primera fue que defendía la actuación del fiscal dimisionario y la segunda que sería sustituído a la mayor brevedad posible.
Respecto a la defensa de Moix es llamativo que asegurase que no había barajado jamás su cese porque “no ha existido en su comportamiento ningún tipo de irregularidad ni ilegalidad” y que “no había motivos, ni existen, para el cese”. Todo ello para intentar justificar una actuación de un fiscal sobre el que se estaban vertiendo importantes acusaciones de parcialidad en su gestión de casos como Gürtel, Púnica y Lezo.
Una de las actuaciones más polémicas de Moix en estos procesos que rodean al PP fue la orden dada a los fiscales Carlos Yañez y Carmen García Cerdá, encargados de la operación Lezo, para que no solicitaran el registro de una sociedad vinculada a la trama en 2001, cuando Alberto Ruiz-Gallardón era el presidente autonómico. Contra esta orden se revelaron los dos fiscales y convocaron una junta de fiscales que decidió oponerse, por mayoría de los votos, a la orden dada por el jefe de la Fiscalía Anticorrupción.
En cuanto a la celeridad en la elección del sustituto de Moix, casi un mes después no se ha producido. Esta circunstancia deja a la Fiscalía bajo el mando interino de la teniente fiscal, numero dos de esa sección, Belén Suarez. Una de las candidatas que se postuló al cargo en febrero de 2017 y que no contó con el apoyo del Consejo Fiscal ni con el de Maza.
El pasado viernes concluía el plazo para la presentación de candidaturas a la Fiscalía Anticorrupción y Maza aprovechaba para desdecirse y asegurar que será un proceso largo. Para justificarse alegaba que se deberá a la “gran calidad” de los aspirantes. Pero los plazos que ha marcado el Fiscal General del Estado hacen pensar que pretende alargar la elección hasta hacerla coincidir con las vacaciones para minimizar la polémica que se pueda suscitar.
Tras recibir todas las candidaturas -que son siete- ha explicado que no convocará el Consejo Fiscal hasta mediados de julio y tras la deliberación y votación de ese órgano asesor, el propio Maza deberá tomar una decisión. Una falta de celeridad que dejará a España sin Fiscal Jefe Anticorrupción durante al menos dos meses y medio.
Siete candidatos para Anticorrupción
Para ocupar el puesto de Fiscal Jefe Anticorrupción se han postulado siete fiscales destinados en distintos juzgados. De ellos, cuatro ya disputaron el puesto a Moix. Los otros tres se postulan al cargo por primera vez.
Entre los que vuelven a optar al cargo se encuentra la actual jefa en funciones, Belén Suárez, teniente fiscal Anticorrupción. También están Antonio Romeral -fiscal que investiga la financiación B del Partido Popular-, Teresa Gálvez -fiscal del caso Púnica-, y Alejandro Luzón, uno de los que cuenta con más posibilidades y que ha sido el responsable de la acusación en casos tan llamativos como Bankia y las tarjetas Black.
Sin embargo, Luzón no es bien visto por los afectados de antiguos casos en los que participó, como fue el de Fórum Filatélico y Afinsa, cuyos afectados han amenazado con movilizaciones si sale elegido y han enviado, como ha asegurado una de sus portavoces, Mila Hernán, un escrito a la Fiscalía General del Estado explicando esta circunstancia.
Los otros tres candidatos optan por primera vez al cargo. El primero de ellos es Pedro Crespo, responsable de la Fiscalía del Tribunal Supremo y miembro de la Unión Progresista de Fiscales (UPF). Además han manifestado su deseo de hacerse cargo del puesto de Moix otra friscal del Supremo, María Ángeles Montes; y Jesús García Calderón, exfiscal superior de Andalucía.
