Forestalia, el grupo de energías renovables registrado este jueves por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ejecutó en apenas dos días la disolución de 14 sociedades mercantiles dedicadas a la obtención de autorizaciones públicas para parques eólicos. El movimiento se produjo inmediatamente después de que los agentes accedieran a su sede en Zaragoza, en el marco de una causa secreta instruida por la Audiencia Nacional, relacionada con el entorno del Ministerio de Transición Ecológica durante la etapa de Teresa Ribera.
Tal y como ha desvelado The Objective, Forestalia aparece vinculada a Servinabar, empresa propiedad de Antxon Alonso, detenido el miércoles dentro de esta nueva ramificación de la investigación. La Guardia Civil considera a Alonso socio de facto de Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, tras localizar en su domicilio una escritura que reflejaría el traspaso del 45% de Servinabar a Cerdán.
El Boletín Oficial del Registro Mercantil dejó constancia los días 9 y 10 de diciembre de una cadena acelerada de disoluciones bajo una fórmula idéntica: “Se disuelve la sociedad voluntariamente”. Las anotaciones se produjeron apenas 24 horas después de que la UCO entrara en las oficinas del grupo, lo que refleja una liquidación exprés de una docena de filiales.
Como liquidador de todas ellas figura Fernando Samper Rivas, presidente y propietario de Fernando Sol S.L., la sociedad matriz que articula todo el entramado empresarial de Forestalia.
El proceso comenzó el lunes con la desaparición oficial de Energía Inagotable de Galaxia y Energía Inagotable de Salacia. Al día siguiente, el grupo intensificó la operación con la liquidación de otras diez sociedades, la mayoría identificadas por la habitual nomenclatura mitológica griega que emplea la firma aragonesa.
Entre las mercantiles disueltas figuran Energía Inagotable de Melides, Trivia, Ponto, Teucro, Arion, Akina y Ariel, junto a Energías Renovables de Metis, Castor y Ormonde 35. Todas ellas se utilizaban para la tramitación administrativa de proyectos concretos, una práctica común en el sector renovable. El conjunto de la operación apunta a una depuración acelerada de activos o a la cancelación de desarrollos que no llegaron a materializarse.
Además, según el Registro Mercantil, otras dos sociedades fueron liquidadas el jueves 11, coincidiendo exactamente con el día en que la UCO llevó a cabo registros tanto en Zaragoza como en Madrid.
La operación de la Guardia Civil se inscribe en una investigación por presunta corrupción que afecta a distintas estructuras vinculadas al Gobierno. Las diligencias se desarrollan bajo secreto de sumario por orden del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, cuyo titular es el magistrado Antonio Piña.
En este contexto, la UCO detuvo el miércoles a Leire Díez, conocida como la fontanera del PSOE, y al expresidente de la SEPI, Vicente Fernández. Horas más tarde fue arrestado Antxon Alonso, propietario de Servinabar y señalado como socio de Santos Cerdán por la documentación intervenida.
El jueves, la operación se amplió con registros en varias empresas públicas, entre ellas la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Los agentes también accedieron a Mercasa, Sepides y Enusa, la empresa encargada de la gestión del uranio en España, pese a que su extracción se encuentra prohibida. Enusa está dirigida por Mariano Moreno, tesorero del PSOE en la etapa en la que, según la investigación, se realizaron pagos en metálico a Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García. Se trata, además, de la misma entidad que incorporó a Leire Díez tras la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa.
La Guardia Civil registró igualmente una vivienda situada en la calle Diego de León, en una de las zonas más exclusivas de Madrid. Según las pesquisas, el piso habría sido utilizado por Leire Díez para reunirse con imputados, empresarios y jueces con el objetivo de facilitar información sensible al PSOE sobre causas judiciales. El inmueble estaba alquilado por el expresidente de la SEPI.
En Sevilla, los agentes accedieron al bar La Bola, ubicado en la isla de La Cartuja. El establecimiento pertenece desde 2023 a una sociedad supuestamente controlada por Vicente Fernández. Fuentes consultadas señalan que el local pasó de acumular pérdidas significativas a registrar una facturación elevada, por lo que los investigadores sospechan que pudo utilizarse para blanquear dinero de origen presuntamente irregular.
