Un pequeño municipio catalán, Portbou, se ha convertido nuevamente en un escenario visible del endurecimiento de los controles migratorios. Cada semana, decenas de inmigrantes, en su mayoría de origen subsahariano y en situación irregular, son devueltos desde territorio francés tras intentar cruzar la frontera en tren a través de esta localidad.
Muchos de estos inmigrantes llegan en trenes regionales procedentes de Barcelona, con la esperanza de alcanzar Francia y continuar su ruta hacia otros países europeos como Alemania o Bélgica, donde les esperan familiares o conocidos. Sin embargo, en la estación francesa de Cerbère, las autoridades realizan controles aleatorios en los vagones. Aquellos que no presentan documentación válida son rechazados y, en la mayoría de los casos, obligados a regresar a Portbou en el siguiente tren.
Las consecuencias de este tránsito forzado ha creado preocupaciones entre los vecinos del municipio. Según testimonios recogidos por este diario, la presencia constante de personas sin techo ni recursos ha provocado un aumento de robos y altercados. «En una sola noche llegaron a forzar cuarenta coches», ha denunciado un residente.
En este contexto, el alcalde de Portbou, Gael Rodríguez, ha reconocido la complejidad de la situación. Aunque atribuye ciertos delitos a actos de «subsistencia», también ha advertido que la falta de coordinación entre administraciones agrava el problema. «Aquí llegan personas desesperadas, sin recursos y sin información. Y la única respuesta que reciben es un billete de vuelta», lamenta.
