El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, intenta ahora dar por zanjado el escándalo por la supuesta filtración de datos reservados sobre el caso de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, y ha solicitado al Tribunal Supremo el archivo definitivo de la causa. A través de su abogado, García Ortiz defiende su inocencia y señala directamente al entorno del novio de la presidenta madrileña como responsable de la difusión de los correos confidenciales.
Según el escrito presentado ante la Sala Segunda del Alto Tribunal, la investigación no ha logrado reunir pruebas directas contra García Ortiz, mientras que sí existiría abundante material exculpatorio. El documento insiste en que la filtración no salió de la Fiscalía y que los datos ya circulaban entre periodistas y terceros antes de que el Fiscal General accediera a ellos.
El abogado del Fiscal General va más allá y acusa a González Amador y a su entorno —incluyendo al jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez— de haber remitido fragmentos e imágenes de los correos electrónicos a medios de comunicación, en lo que califica como una estrategia dirigida para desviar la atención y cargar las sospechas sobre la Fiscalía.
En el texto se acusa a la querella de presentar una versión «deformada» de los hechos y de ocultar deliberadamente la condición pública de González Amador como pareja de la presidenta autonómica, con el fin de hacer ver que se trataba de un ciudadano anónimo víctima de una filtración institucional.
La defensa afirma incluso que la información había perdido su carácter de secreto en el momento en que fue divulgada por la prensa, y que, por tanto, cualquier intervención posterior por parte del Fiscal General carecería de relevancia penal.
Sobre el polémico borrado de los datos del móvil de García Ortiz, la defensa alega que se trató de una práctica «legítima» y «ajustada al derecho a la protección de datos», y niega que suponga indicio alguno de delito.
El escrito concluye que es «altamente verosímil» que la filtración partiera del propio González Amador o de personas de su entorno inmediato, y que el periodista que publicó los correos habría accedido a ellos por esa vía.
Un cierre en falso
En definitiva, el Fiscal General no solo niega su implicación en la filtración, sino que devuelve el golpe apuntando directamente al entorno de Ayuso. El movimiento busca cerrar el caso a toda costa, librar a García Ortiz de cualquier consecuencia legal y desviar la atención de una Fiscalía cada vez más cuestionada por su uso político.
Una vez más, el aparato judicial afín al Gobierno maniobra para proteger a sus piezas clave. El Supremo tiene ahora la última palabra.
