El presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y el Grupo Parlamentario Socialista en las cortes de la región, han votado en contra de una iniciativa presentada por la oposición que proponía medidas para reformar la legislación en materia de seguridad y aumentar los recursos para combatir la ocupación ilegal en la comunidad autónoma, según ha adelantado OkDiario. Este rechazo también se ha extendido a otras demandas planteadas por el PP, entre las que destacan:
El establecimiento de un acuerdo regional para instar al Ministerio del Interior a no cerrar cuarteles de la Guardia Civil en áreas rurales, garantizando que cuenten con infraestructuras adecuadas. La colaboración con el Ministerio para actualizar los protocolos de cooperación entre la Guardia Civil, los Cuerpos de Policía Local y otras fuerzas de seguridad. El refuerzo y ampliación del número de efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil en toda la región, cubriendo todas las vacantes disponibles y proporcionando datos transparentes sobre el personal efectivo. El reconocimiento inmediato de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como una profesión de riesgo, principalmente para facilitar la jubilación anticipada. El cumplimiento del acuerdo salarial firmado el 12 de marzo de 2018 entre el Ministerio de Interior, los sindicatos policiales y las asociaciones de la Guardia Civil, para asegurar la equiparación salarial.
En el marco de esta propuesta, el PP también solicitaba que el Gobierno regional defendiera la autonomía fiscal de Castilla-La Mancha y se opusiera a cualquier intento del Gobierno central de restringirla. Además, se solicitaba a Pedro Sánchez que impulsara un nuevo modelo de financiación para garantizar la igualdad en el acceso a los servicios públicos en toda España. Entre las demandas, se incluía la creación de un Fondo Transitorio para paliar la infrafinanciación de regiones como Castilla-La Mancha, y asegurar la financiación total de los costes de competencias impropias asumidos por los ayuntamientos en la prestación de servicios.
Además de las medidas sobre seguridad y financiación, tanto García-Page como el PSOE votaron en contra de pedir al Gobierno de España que retirara el Proyecto de Ley Orgánica que modifica la Ley Orgánica 7/2014, una reforma que podría reducir las penas a más de 40 terroristas de ETA, una postura que ha generado gran controversia en las filas del Partido Popular.
Otra de las reclamaciones de la oposición que fue rechazada por el Ejecutivo castellanomanchego consistía en exigir la dimisión de Pedro Sánchez si se formalizaba la creación de un centro para inmigrantes en el aeropuerto de Ciudad Real. En este contexto, también se instaba a que el Gobierno regional pidiera al Ejecutivo nacional que mejorara el control en fronteras y aeropuertos y proporcionara a las comunidades autónomas información precisa sobre los inmigrantes y menores no acompañados que fueran trasladados a sus territorios, garantizando la financiación necesaria para su atención.
Por último, el PP reclamaba que se alcanzaran acuerdos con los países de origen de los inmigrantes para combatir las mafias que operan en el tráfico de personas y que se impulsaran mecanismos en la Unión Europea para afrontar la crisis migratoria, además de convocar la Conferencia de Presidentes para debatir soluciones a este problema.
