Gibraltar ha desafiado a España al autorizar la construcción de una nueva fase del megaproyecto urbanístico Eastside en aguas territoriales españolas, en un gesto que eleva la tensión diplomática en pleno proceso de negociación entre Madrid y Londres para cerrar un nuevo marco legal sobre el Peñón tras el Brexit. La aprobación del avance de las obras ha sido interpretada como una provocación por parte del Ejecutivo español, que ha respondido con varias notas de protesta dirigidas al Reino Unido, exigiendo el cese inmediato de lo que considera una ocupación ilegal, según ha avanzado el Abc.
Lejos de moderar el tono, las autoridades gibraltareñas han reaccionado con contundencia. Un portavoz del Gobierno de Fabián Picardo ha confirmado que los trabajos «seguirán hasta su conclusión satisfactoria», desestimando las quejas españolas como «posturas sin efecto real, meras escenificaciones vacías». Esta nueva fase del proyecto incluye no sólo la construcción de un extenso rompeolas y un puerto deportivo, sino también más de 1.300 viviendas, un hotel de gran capacidad, áreas comerciales, oficinas y zonas verdes, todo ello sobre una superficie de unas 20 hectáreas que, según denuncias como la de VOX, se adentran en aguas españolas.
En ese contexto, la administración del Peñón ha reiterado que el área afectada por el desarrollo urbanístico se encuentra dentro de lo que Gibraltar considera su jurisdicción marítima, sustentándose en una interpretación unilateral de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que les otorga un margen de tres millas náuticas desde su costa. España, sin embargo, nunca ha aceptado esa delimitación, y mantiene que el Tratado de Utrecht —por el cual se cedió Gibraltar en 1713— no incluye ni las aguas circundantes ni el istmo en el que hoy se asienta el aeropuerto del Peñón.
El conflicto sobre la soberanía marítima se recrudece también en el plano jurídico. El portavoz gibraltareño acusó al Ministerio de Exteriores español de mantener «una ficción legal insostenible», asegurando incluso que «exdiplomáticos españoles son conscientes de que sus argumentos carecen de solidez dentro del derecho internacional». Según sus palabras, lo que España defiende es «una narrativa política sin respaldo jurídico real».
Gibraltar sostiene que el proyecto urbanístico Eastside cuenta con todas las garantías legales y que su tramitación ha seguido los procedimientos establecidos por sus autoridades medioambientales, que —afirman— son las únicas competentes en la materia dentro del territorio británico. De hecho, han subrayado que los materiales empleados en las obras han sido adquiridos a empresas españolas y que, en la actualidad, buena parte de los trabajadores que ejecutan los trabajos son ciudadanos españoles, a los que consideran «los principales beneficiarios del desarrollo».
