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No es un problema jurídico, sino de régimen

Gobierno de España o cuando la ideología anula a la ley

Los diputados socialistas aplauden tras la aprobación de los PGE2023. Alejandro Martínez Vélez / Europa Press

Todo estudiante de Derecho odia las modificaciones del Código, el código que sea. Pero claro todos se van modificando pues hace tiempo que se ha roto el sueño ideológico de la codificación, una realidad permanente, completa y coherente que se mantiene por un tiempo razonable, es decir, un régimen jurídico que alcanza el culmen del progreso. El parcheo de textos legales, que entusiasma al legislador, tiene todo tipo de inconvenientes, pues rompe casi inevitablemente la coherencia. Lejos de ser una especie de evolución orgánica, este sistema todo lo empeora y rompe progresivamente.

Creo que fue a Belloc al que se le ocurrió hacer un Código Penal que de forma rimbombante llamó de la democracia. Pues es sabido que la democracia es socialista o no es y hasta que ellos llegan no hay y cuando se van no queda  Un nuevo código enterito ni patriarcal, ni homófobo, ni nada, fruto de a democracia, es decir de lo que el PSOE pensaba en el 95 que no es claro está lo que piensa luego pues las circunstancias cambian mucho, la conciencia social (que es lo que opina la izquierda) también y lo más grave: lo que fue progreso en un momento es retrogrado en otro, aunque la cualidad afecta al producto pero no al productor pues el socialismo sigue perfecto en su cambio como le ocurría la socialismo inglés de la distopia.

Pasados los tiempos de estudio y ya en el Ministerio lo que más temíamos eran las modas. Por mucho que se inventase el tópico de que no se puede legislar a golpe de telediario lo cierto es que aquí, en general, no se legisla de otra forma. Como el telediario es progresista siempre eso evita el riesgo de que las estadísticas de delitos influyan en la legislación. Solo se sanciona lo que toca según determinada óptica.

La actualidad, porque no decir la moda, marca los cambios de legislación lo que en el ámbito penal es demoledor. Adiós a la proporcionalidad de las penas y a un cierto equilibrio en las escalas. El asunto se combina con la acción ideológica, piénsese en el discurso del género, en los rollos del odio, en los amores por los animales. En estos campos se han infringido principios legales de lo más básico, desde la igualdad ante la ley, hasta la libertad de expresión a la propia definición de sujeto de derecho y hay que decir que los altos tribunales han tragado con casi todo, aceptando cuotas, penas mas graves según el sexo y sanciones desproporcionadas a quien pesque una rana.

Debo reconocer, y me cuesta, que pese a todo este desajuste ideológico-mediático la cosa se mantenía dentro de un orden. Y ello porque afortunadamente la legislación tiene, o tenía, sus sistemas, sobre todo los proyectos, y el Ministerio lo miraba mucho y hay, o había, fórmulas de control interno, además cada vez que se ponía en marcha una reforma un montón de equipos de investigación y honestos doctorandos, más las jornadas pertinentes, daban y preveían todo tipo de resultados. Había consensos, pero también feroces discrepantes que siempre han hecho mucho bien.

Los órganos consultivos de la administración suelen cumplir su papel, aunque no siempre se les hace caso, pero hay dejan su informe muchas veces premonitorio y finalmente el proceso legislativo también ayudaba o estropeaba aceptando alguna enmienda. No debe olvidarse que parte de la justificación del inútil Senado era la apuesta conservadora por la doble lectura..

Claro que todo esto se vuelve inútil ante la novedad de la ley por encargo para mantener una mayoría, impuesta por una exigua minoría. Convertida en condición sine qua non para que grupos minoritarios apoyen al gobierno no según un programa pactado sino conforme a lo que se ha denominado una geometría variable, es decir, un chantaje directo la ley ya no es el efecto de un proceso legislativo, sino que viene blindada desde el principio. Su objetivo para el Gobierno está más acá que la propia ley, su propia supervivencia, y su vinculación al voto favorable del grupo maximalista hace todo debate superfluo.

Pero el chantaje puede ir más allá. Las condiciones actuales combinan una serie de elementos que hacen el resultado inevitable. El primero, por supuesto, es la idea de la transformación ideológica a través del Derecho que rompe todos los muros del Estado Occidental. Por ejemplo, se acepta como natural que los jueces deban recibir formación en ideología de género como si fueran mero agentes jurídicos de la transformación rompiendo así cualquier cosa que se parezca a la independencia judicial y su sometimiento a la Ley entendida como un todo más o menos coherente. En España, además, se ha producido otro fenómeno que va unido al Gobierno de coalición y que no sé si es la vanguardia de la evolución futura o el descarrilamiento definitivo del invento: la privatización de áreas completas de la realidad social a grupos de activistas representados en un Ministerio. No hablamos de un ministro sectario como antes, como un Belloch un Maravall o una Salgado. Se trata de que todo un sector queda bajo las manos de los activistas insertados en el Ministerio que mandan en el mismo desde la regulación penal hasta la subvención a todo el discurso gubernamental, incluida la forma más perfecta de propaganda que es la llamada educación.

Ahí los tenemos, con las mujeres en exclusiva para Podemos, expulsada cualquier otra opinión, incluido el feminismo del PSOE. Y por eso lo del «sólo sí es sí» tenía que salir como salió, siendo esto culpa de todo el Gobierno que ha alquilado sectores a cambio de votos para la permanencia. El desastre no tiene arreglo con soluciones meramente jurídicas, pues todo el Derecho se ha deformado y parcializado hasta hacerse irreconocible. Si no se encuentra remedio lo que parece problema de Gobierno será pronto problema de régimen pues volver a una democracia representativa se irá haciendo cada vez mas difícil.

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