La vicepresidenta prefiere no adelantar acontecimientos y, aunque reconoce que se está haciendo daño económico a Cataluña, confía en no tener que llegar al inexplorado 155. Huele a indulto político si Puigdemont se echa atrás…
Porque es mejor acudir a la fuente y porque hay una gran discusión, incluso entre juristas, sobre si se ha declarado o no la independencia. Así ha justificado el Gobierno de Mariano Rajoy el envío a Carles Puigdemont de ese primer requerimiento -pre requerimiento, dicen- para el que tiene de plazo para contestar hasta este lunes. «Con puente y fin de semana de por medio», ha ironizado la vicepresidenta. «Una pregunta sencilla para terminar con un problema complejo», como es que «si sí o si no ha declarado la independencia».
La cosa está como sigue: Puigdemont tiene en su mano la oportunidad de frenar la aplicación del 155. ¿Cómo y en qué términos se aplicaría? La vicepresidenta prefiere no adelantar acontecimientos porque confía en que no sea necesario llegar al inexplorado artículo. Si la estrategia de Puigdemont era reclamar diálogo a ojos del mundo, ahora es el Gobierno el que le ofrece ese diálogo -«se puede hablar de todo y nada es inmutable»- pero, eso sí, en el Congreso.
¿Quiere eso decir que ante una eventual ‘rendición’ de Puigdemont el Gobierno de Rajoy lo sigue considerando interlocutor válido? La oferta de diálogo remite al Congreso, no a la Moncloa. Aunque huele a indulto político, la vía judicial -y las escasas medidas administrativas tomadas hasta ahora- se mantienen en vigor.
A pesar de contar con la confirmación unánime de las asociaciones de Fiscales -que señalan que en Cataluña se ha proclamado la independencia- el Gobierno de Mariano Rajoy ha preferido dar una nueva oportunidad – “¿es la última?, preguntaban a la vicepresidenta; “es la más importante”, contestaba ella- a Carles Puigdemont para “pensar en el futuro de Cataluña y de los catalanes en términos de bienestar económico y social”.
A menos de 72 horas para que expire el plazo para explicar su hubo o no declaración de independencia el pasado martes 10 de octubre, el Gobierno reconoce el perjuicio económico que la situación política supone en Cataluña pero opta por seguir esperando…. y tendiendo la mano al diálogo.
“El Gobierno está dando al señor Puigdemont la posibilidad de volver al marco constitucional. Puede comparecer en el Congreso, dialogar y proponer lo que considere conveniente”, señala durante la rueda de prensa del Consejo de Ministros Soraya Sáenz de Santamaría. “Dentro de la ley y en el marco del Congreso de los Diputados hay un diálogo a su disposición. Sólo tiene que cumplir una cosa: la ley”. La puntualización es importante. Se ofrece diálogo al golpista, pero en el Congreso. Congreso, por cierto, que acaba de pactar -lo han hecho Mariano Rajoy y Pedro Sánchez, representantes de la mayoría parlamentaria- la apertura del debate sobre la reforma constitucional.
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Parece que el terreno del diálogo está abonado.
Restaurar la convivencia
Algo más de 48 horas para “volver a restaurar la convivencia ciudadana” y acabar con todo esto. Y ¿si no? A pesar de contar -ahora sí- con el apoyo del PSOE y de afirmar que la mayoría de la Cámara le pide a Puigdemont que actúe en el marco de la ley, la vicepresidenta prefiere no adelantarse: “Vamos paso a paso y estamos en el momento primero del requerimiento. Está en su mano evitar actuaciones posteriores y tiene un margen amplio para evitar actuaciones posteriores. Un fin de semana con puente de por medio” para restaurar la convivencia entre catalanes. “Ni hablar de medidas ni situarnos en futuribles antes de eso”.
La economía catalana
Si en algo insiste la vicepresidenta como argumento para tratar de convencer a los golpistas de su vuelta a la senda democrática es en el grave perjuicio económico que su actuación provoca en Cataluña. “Está perjudicando a la economía catalana. Hemos visto todos la salida de las empresas, se está perjudicando la marca Cataluña, la inversión empieza a retraerse…”. Lean ahora el artículo 155 de la Constitución, ese que el Gobierno ha decidido no aplicar todavía: “Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España (….)”. Ya saben cómo sigue. Pero la salida de empresas, el perjuicio a la marca España o el retraimiento de la inversión parecen no ser, a juicio del Gobierno, suficientes para aplicar ese 155.
“Si Puigdemont quiere no hay por qué hablar de las medidas”, insiste la vicepresidenta. “Hay que darle la oportunidad de evitar decisiones ulteriores”. “Si contesta que no [que no se ha declarado la independencia], no se activa la segunda parte del requerimiento y se abre a volver a la senda de la legalidad y si él lo desea y en esos cauces, hacer los planteamientos que estime oportunos”.
Aviso y conclusión
Pero, eso sí. Tras la oferta de diálogo está el 155 y, sobre todo, está la devolución de la pelota que envió Puigdemont el pasado día 10. “Cómo explicas [a la comunidad internacional] que el presidente de una Comunidad Autónoma no quiere ir a hablar al Congreso…. El conjunto de estados de la Unión Europea han reclamado respeto a la ley y al estado de Derecho, lo mismo que piden en sus países…. Todo país democrático que tiene un Parlamento soberano es ahí donde debate. La democracia en estado puro en España se ejerce en el Congreso de los Diputados”.
Conclusión: continúa el desafío. A pesar de la salida de empresas, de la nefasta imagen internacional y del clamor ciudadano, el Gobierno espera el gesto de Puigdemont -“fin de semana con puente de por medio”- quien, a su vez, estudia si rendirse, si obedecer a la CUP o si inventar, quizá, un nuevo giro argumental en el sainete golpista.
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