El expresidente madrileño Ignacio González ha vuelto a proponer sustituir su prisión provisional, en la que se encuentra desde el 21 de abril por el caso Lezo, por arresto domiciliario con intervención de las comunicaciones y la prohibición de acercarse a personas relacionadas con la investigación.
Así lo expone la defensa de González, que ostenta el abogado Esteban Mestre, en el recurso de apelación interpuesto ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional contra la decisión del juez del caso Lezo, Manuel García Castellón, de mantenerle en prisión por riesgo de fuga y de manipulación de pruebas.
Según han informado fuentes de su defensa, en el recurso ante la Sala, el letrado acusa a García Castellón de «incongruencia omisiva» precisamente por no haberse pronunciado acerca de estas propuestas con las que podría sustituirse la situación de prisión provisional, medida que considera además exagerada dado el tiempo transcurrido desde su detención en abril.
Entre los motivos que expuso en ese recurso, la defensa apeló al desgaste físico y psicológico que le está suponiendo a González su estancia en prisión, por lo que pedía sustituirla por medidas menos gravosas como la interposición de una fianza, o la colocación de dispositivos electrónicos que le hicieran estar permanentemente localizado con el objeto de impedir su huida.
En este nuevo recurso de apelación, el segundo que interpone ante la Sala de lo Penal, el abogado del sucesor de la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre reitera también que no hay base para decir que exista peligro de fuga, ya que para sostener ese argumento sólo se menciona una frase de una conversación en la que González hace alusión a un viaje a Sudamérica.
Frase esta sobre la que el instructor no le ha preguntado en ningún momento y una huida que el letrado tilda de imposible, teniendo en cuenta que su defendido tiene todas su cuentas bloqueadas por lo que carece de recursos para emprender un viaje, según las citadas fuentes.
El 31 de julio, García-Castellón decidió mantenerle en prisión incondicional al entender que, según avanza la investigación, se constata su «papel decisivo y necesario» en los delitos atribuidos a la trama Lezo: malversación, fraude, organización criminal, prevaricación, falsificación de documentos, fraudes en las transacciones internacionales, cohecho y blanqueo de capitales.
Respecto al riesgo de fuga, destacaba que esta red «ha operado en diferentes países, habiendo reconocido el propio Ignacio González en conversaciones telefónicas su intención de comenzar una nueva vida de negocios en Sudamérica, donde precisamente existen varias operaciones investigadas en el marco de la presente instrucción».
Ignacio González y su considerado hombre fuerte en los negocios del Canal de Isabel II en Latinoamérica, Edmundo Rodríguez Sobrino, son los únicos que permanecen en prisión preventiva por el caso Lezo.
El pasado 27 de julio el juez dejó en libertad por motivos de salud a Pablo González, hermano del expresidente madrileño, tras rebajarle de 4 millones a 200.000 euros la fianza que le había sido impuesta, misma decisión que adoptó días antes rebajó con la exdirectora financiera del Canal María Fernanda Richmond para que pudiese abandonar la cárcel.
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