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Este artículo se publicó en La Gaceta antes de convertirse en La Gaceta de la Iberosfera, no siendo entonces propiedad de Fundación Disenso.

Ignacio González seguirá en prisión tras declarar ante el juez

El juez del caso Lezo, Manuel García Castellón, ha tomado este miércoles declaración, a petición propia, a Ignacio González después de que la semana pasada lo hiciera Edmundo Rodríguez Sobrino.

El expresidente madrileño Ignacio González se ha limitado a dar al juez del caso Lezo, Manuel García Castellón, su versión sobre los hechos que se le imputan y sobre los que ya se ha levantado el secreto, sin pedir en esta comparecencia su libertad, que más adelante tiene previsto solicitar su defensa.
No obstante, según han informado fuentes jurídicas presentes en la declaración, González, que mostraba un aspecto «desmejorado«, ha afirmado ante el juez que en su caso no existe ningún riesgo de fuga, ni de destrucción de pruebas y «mucho menos» de reiteración delictiva.
La declaración se ha prolongado de las 11.15 horas hasta las 13.00 y fue solicitada por su defensa, que ejerce el abogado Esteban Mestre, porque, cuando declaró al ser detenido, ni él ni su letrado conocían los motivos que les llevaron a ingresar en prisión provisional, el pasado 21 de abril, por estar entonces toda la causa secreta.
Ahora, y con el levantamiento parcial de ese secreto, González ha querido explicar su relación con las operaciones irregulares de las que se le acusa, principalmente las relacionadas con el Canal de Isabel II, entre ellas la compra de la brasileña Emissao.

Sigue los pasos de Rodríguez Sobrino

La semana pasada, Edmundo Rodríguez Sobrino, también en prisión provisional, declaró durante cuatro horas ante el juez, al que no llegó a pedirle en ningún momento su puesta en libertad o la adopción de alguna medida cautelar que le permitiera ser excarcelado.
La primera en declarar a petición propia ante el nuevo magistrado de Lezo, que ha sustituido al juez Eloy Velasco, fue la ex directora financiera del Canal de Isabel II María Antonia Richmond, que un día después consiguió que se le rebajara la fianza de 4 millones que le impuso Velasco a 100.000 euros, por lo que pudo salir de prisión.
Coincidiendo con la llegada del nuevo juez, los imputados en la causa que se encuentran en prisión han solicitado todos volver a declarar. Tras la excarcelación de Richmond son tres los investigados en Lezo que permanecen en prisión: Ignacio González, su hermano Pablo González y Rodríguez Sobrino.
El pasado 2 de junio, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acordaba mantener en prisión incondicional a Ignacio González por riesgo de fuga y de destrucción de pruebas, al observar que aún podría tener patrimonio «oculto».
Según recordaba la Sala, el expresidente madrileño podría estar implicado «en el pago de una comisión de 1,4 millones de euros por la adjudicación del tren de Navalcarnero» (Madrid), así como en la operativa fraudulenta del Canal de Isabel II y en la financiación irregular del PP de la Comunidad de Madrid a través de la Agencia de Informática y Comunicaciones (ICM).
Para negarse a excarcelarle, el tribunal aludía a las «numerosas actividades empresariales» que estaba llevando a cabo con su familia con dinero «presuntamente ilícito» y que estaría «oculto», ya que «la información patrimonial analizada arroja fuertes discrepancias entre el patrimonio declarado y los importes de las inversiones» que planeaba y que podría retomar una vez en libertad.
Recordaban también los magistrados sobre ese dinero aún no encontrado una conversación intervenida a dos investigados afirmando que el ritmo de vida de González no puede sostenerse con los ingresos justificados que tiene, ante lo que uno de ellos dice que González tiene «dinerillo B».
González está imputado por delitos de cohecho, prevaricación, fraude, malversación, corrupción en los negocios, negociaciones prohibidas a funcionarios, organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y contra la hacienda pública.
En cuanto a su hermano Pablo, De la Mata le ha llamado a declarar como investigado en relación a un contrato de unos 500 millones de dólares que firmó Mercasa con el gobierno de Angola para montar un mercado mayorista tipo Mercamadrid en su capital, Luanda.
Se indagan en concreto sobreprecios en ese contrato, que pudieron servir para pagar comisiones y acabar en los bolsillos de los investigados, a los que se les imputan delitos de corrupción en los negocios, blanqueo, cohecho y pertenencia a organización criminal.
Esta investigación, derivada del caso Defex, estalló el mismo día que el caso Lezo, al producirse la detención de Pablo González junto a su hermano.
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