El Gobierno catalán ha presentado este sábado una denuncia contra los agentes de la Guardia Civil que han llevado a cabo esta semana los interrogatorios a varios altos cargos de la Generalitat en relación con los preparativos del referéndum separatista.
La denuncia ha sido presentada por la Generalitat de Cataluña por orden del consejero de Presidencia y portavoz, Jordi Turull, en el juzgado de instrucción de Barcelona en funciones de guardia.
Turull ya anunció el pasado miércoles que denunciarían ante el juez de guardia «la grave vulneración de derechos fundamentales» que, a su juicio, se había perpetrado en la declaración ante la Guardia Civil del secretario general de Presidencia, Joaquim Nin.
La Guardia Civil ha interrogado como testigos a varios altos cargos del ejecutivo regional en las pesquisas que lleva a cabo como policía judicial en el marco de la investigación ordenada por un juez de Barcelona sobre los preparativos del referéndum unilateral anunciado para el 1-O.
Nin y el director general de Comunicación de la Generalitat, Jaume Clotet, que fueron citados inicialmente como testigos, salieron de Comandancia en calidad de investigados policialmente por los presuntos delitos de revelación de secretos, malversación de caudales públicos, desobediencia, prevaricación y sedición.
El director general de Atención Ciudadana, Jordi Graells; el exportavoz del Pacto Nacional por el Referéndum Joan Ignasi Elena; el director general de Difusión, Ignasi Genovès, y la jefa de comunicación del Departamento de Asuntos y Relaciones Institucionales y Exteriores y Transparencia, Anna Molas, también han sido interrogados esta semana por la Guardia Civil.
Denuncia a los agentes
La denuncia, que ha sido divulgada después por la Generalitat, está dirigida contra los guardias civiles que realizaron los interrogatorios, así como «contra cualquier otra persona que por su relación directa con los hechos que se denuncian hubiera colaborado de forma activa y consciente en la comisión del delito y fuera responsable penal de éste en los términos expresados en los artículos 27, 28 y 29 del Código Penal».
En la denuncia se señala que a pesar de que las citaciones y documentos presentados por los agentes de la Guardia Civil durante su actuación «siempre» hacen referencia a que se actuaba en la investigación ordenada por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, según una nota de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de 27 de julio de 2017 las diligencias son de la policía judicial y no han sido solicitadas por el magistrado de instrucción 13 de Barcelona.
Por ello, subraya la denuncia que «no parece que haya ninguna relación, directa ni indirecta ni similitud de objeto entre las diligencias de investigación policiales y las Diligencias Previas 118/17 que dirige el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona».
La Generalitat considera que los interrogatorios podrían ser constitutivos de cinco delitos, el primero de ellos de «obstrucción a la Justicia» porque los agentes, según una nota del departamento de Presidencia, «habrían tratado de influir en la declaración de los testigos acusándoles insistentemente durante el interrogatorio de mentir y de los graves perjuicios que les podría comportar, al tiempo que habrían mantenido una actitud agresiva, contundente y de presión».
También de un delito de «usurpación de atribuciones», por considerar que los agentes se habrían «autoatribuido ante los declarantes la condición de comisionados del titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, cuando no estaban actuando a solicitud de éste».
En relación a esto último, la Generalitat considera que podría ser constitutivo asimismo de un delito de «falsedad en documento oficial».
Otro de los delitos que podría haber sido cometido durante los interrogatorios, según el Govern, es el de «violación de secretos», porque «a pesar de que las diligencias previas ordenadas por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona han sido declaradas secretas, ciertos medios de comunicación han tenido conocimiento de la citación y el motivo por el que tenían que declarar los testigos, e incluso que habían sido declarados investigados».
Finalmente, un «delito cometido por funcionarios contra los derechos individuales», porque los agentes «habrían violado el derecho fundamental a la defensa al retrasar el otorgamiento de la condición de investigado e impedirles el pleno ejercicio del derecho de defensa desde un primer momento».
Según fuentes del TSJC, la denuncia irá a reparto y después el juez al que le corresponda examinarla decidirá si la admite o no a trámite.
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