Más de 700 acuartelamientos de la Guardia Civil —el 34 % del total en toda España— están contaminados con gas radón, un gas radiactivo e incoloro que se filtra desde el subsuelo y cuya inhalación prolongada es la segunda causa de cáncer de pulmón según la Organización Mundial de la Salud (OMS), según informa OK Diario. Pese a la gravedad del caso, el Ministerio del Interior, bajo la dirección de Fernando Grande-Marlaska, no ha adoptado las medidas preventivas exigidas por ley.
El gas radón afecta especialmente a instalaciones situadas en sótanos o plantas bajas, donde muchos guardias civiles trabajan o residen con sus familias. Galicia encabeza el ranking de acuartelamientos contaminados (196), seguida de Extremadura (162) y Andalucía (112).
Aunque el Real Decreto 1029/2022 obliga a realizar mediciones en todos los espacios laborales situados en zonas de riesgo, Interior no ha contratado ninguna empresa para ello. Así lo denuncia la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), que acusa al Ministerio de haber simulado una licitación inexistente en 2024 con el objetivo de tapar su inacción.
La propia Guardia Civil admitió en un documento interno fechado el 25 de septiembre de 2024 que se había «iniciado un proceso de licitación» para medir el radón y evaluar el riesgo para los agentes. Sin embargo, casi un año después, no hay rastro alguno del expediente. «Ni se ha contratado empresa, ni se ha medido el gas, ni se ha informado a los trabajadores del peligro que corren», denuncia Eugenio Nemiña, portavoz jurídico de la AUGC.
El riesgo no es menor: se trata de una exposición silenciosa, sin olor ni síntomas visibles, que puede provocar enfermedades mortales con el paso de los años. «Ojos que no ven, corazón que no siente», lamenta Nemiña. «Pero nosotros no vamos a cesar hasta que se actúe».
El propio Consejo de Seguridad Nuclear ha publicado cartografías que identifican zonas de alta exposición. Aun así, el Ministerio no ha tomado ninguna acción real para proteger a los guardias civiles ni ha alertado a las trabajadoras embarazadas del riesgo agravado que supone para sus bebés.
La AUGC acusa a Interior de múltiples infracciones en materia de prevención de riesgos laborales y ha llevado el caso ante la Inspección de Trabajo y el Consejo de Seguridad Nuclear. Además, no descarta denunciar a España ante la Comisión Europea por incumplir la Directiva 2013/59/Euratom, que obliga a proteger a los trabajadores de radiaciones ionizantes.
El caso es especialmente grave porque afecta a espacios cerrados como oficinas, vestuarios, calabozos o incluso viviendas familiares en casas cuartel. «La planta -2 de la Comandancia de La Coruña, por ejemplo, aloja celdas de detención y zonas de custodia sin ventilación adecuada», denuncia la AUGC.
En definitiva, el Ministerio del Interior lleva años mirando hacia otro lado mientras cientos de instalaciones del Estado están contaminadas con un gas mortal. El resultado: miles de agentes y sus familias viven y trabajan expuestos a un riesgo cancerígeno por pura negligencia política.
«Si no se hacen mediciones, no se pueden tomar medidas. Y si no se actúa, alguien terminará muriendo. Pero entonces, ya será tarde«, concluye el portavoz de la AUGC.
