El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha dicho que no entiende «el empeño en mantener» una mayor tasa de policías por habitante en el País Vasco respecto a otras comunidades autónomas, cuando «no hay motivos objetivos para poder justificar que el nivel de delincuencia sea mayor».
La asociación Independientes de la Guardia Civil (IGC) y el Sindicato Independiente de Policía Española (SIPE), tras conocer que el Gobierno vasco desea la reducción de efectivos de las Fuerzas de Seguridad del Estado en ese territorio, en la lógica de que mantienen tan sólo funciones residuales, han reaccionado reivindicando su derecho a permanecer en la región.
Reclaman además una mayor inversión económica para mejorar sus dependencias, instalaciones, medios de prestación del servicio y vehículos, además de beneficiarse de la subida salarial que en el ámbito nacional puedan experimentar ambos Cuerpos.
Los guardias civiles y policías nacionales que integran dichas organizaciones recuerdan al Gobierno vasco que, sin perjuicio de racionalizar el número de efectivos, la Guardia Civil conserva intactas sus funciones de Resguardo Fiscal del Estado y son precisos sus efectivos para los servicios que prestan en fronteras, puertos y aeropuertos, incluido el mar territorial, que es competencia del Estado.
De la misma forma, documentación y extranjería son funciones de la Policía Nacional que requieren de personal para el control de entrada de personas de territorios ajenos a la Unión Europea. Es el control de mercancías y personas en territorio de la Unión Europea lo que justifica la permanencia de ambos Cuerpos, pues dichas competencias no han sido transferidas, y difícilmente lo serán, dado el grado de compromiso que España mantiene con los países integrantes de la Unión.
Como ejemplo, IGC y SIPE aseguran que en el Puerto de Santurce ha aumentado el salto masivo de personas que intentan llegar a Gran Bretaña siendo transportados en el Ferry que une ambos países.
Las organizaciones recuerdan asimismo que en países como Italia existe un Cuerpo de Policía específico para cumplir con estas funciones, conocido como la Guardia di Finanza.
La Guardia Civil es también Cuerpo de Policía al servicio de la Agencia Tributaria, y conserva también funciones de protección de la naturaleza y salud pública, armas y explosivos, policía judicial dependiente de la Audiencia Nacional y juzgados del resto del territorio nacional, como consecuencia de sus funciones de seguridad ciudadana «ad extra» de los límites de la comunidad vasca.
Igual ocurre con la Policía Nacional, que además tiene competencia exclusiva en la persecución de las grandes redes internacionales del narcotráfico.
Tienen también los guardias civiles y policías nacionales que prestar servicios de protección y seguridad a instalaciones y autoridades de la nación, y a sus propias instalaciones y dependencias.
Independientes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional (IGC y SIPE) consideran beneficioso, eso sí, que se racionalicen las estructuras y departamentos de ambos Cuerpos y se aprovechen las inversiones del Estado para crear Comisarías y Comandancias conjuntas de ambos Institutos Armados, haciéndolos funcionar como si fueran uno sólo, con lo que se puede reducir en personal al integrar sus dependencias.
Los agentes advierten además que son muchos los asesinatos y atentados sin resolver y sin detener a sus autores, lo que requiere de la permanencia de las Fuerzas de Seguridad para seguir investigándolos.
Tanto SIPE como IGC desean que el Gobierno vasco vea en las Fuerzas de Seguridad del Estado el complemento necesario para satisfacer las necesidades de seguridad de los ciudadanos vascos, que no les tengan como fuerzas innecesarias o no deseadas y faciliten la integración social de estos funcionarios, vascos o foráneos afincados y con hijos naturales de la región para mantener los bajos niveles de inseguridad.
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