Los sindicatos de la Policía Nacional y las asociaciones profesionales de la Guardia Civil han reaccionado mayoritariamente criticando el acuerdo de PSOE y Junts en materia migratoria y de control de fronteras, poniendo el foco en la gestión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al denunciar que se trata de una cesión ilegal de competencias exclusivas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Las principales organizaciones policiales han rechazado de plano el anuncio de PSOE y Junts de registrar en el Congreso una proposición de ley orgánica para la delegación de competencias —vía artículo 150.2 de la Constitución— en materia de inmigración a Cataluña, que incluye la gestión de la Generalidad de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) o la devolución de los extranjeros que tengan prohibición de entrada.
El pacto entre socialistas y separatistas también llevará a los Mossos a cogestionar con la Guardia Civil y la Policía Nacional la seguridad de puertos, aeropuertos y zonas críticas. También se incrementará el número de Mossos en 1.800 efectivos, hasta alcanzar la cifra total de 26.800 agentes.
En un comunicado, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha avisado que «plantarán cara al Gobierno para impedir que lleve a cabo la escandalosa e ilegal transferencia de competencias a favor de los Mossos». «No se va a ceder ni un milímetro en la defensa de los derechos y libertades de todos los ciudadanos, vivan donde vivan y voten a quien voten», ha continuado el SUP, que considera un «atropello» que se siga la hoja de ruta que marca el partido del prófugo Carles Puigdemont, ya que «vulnera todas las leyes en materia de seguridad». «Si hay que sentar en el banquillo a estos líderes políticos para salvaguardar un derecho tan esencial como el de la seguridad pública, lo haremos; estamos decididos a llevar este asunto hasta el final», enfatizan desde el SUP.
En otro comunicado, el sindicato Justicia Policial (Jupol) ha denunciado la cesión ilegal de competencias migratorias a la Generalidad y ha exigido al mismo tiempo la dimisión de Marlaska «si se atenta contra las competencias de la Policía Nacional».
El sindicato considera «inaceptable» que el Gobierno, «con la complicidad» del ministro, siga «regalando» competencias fundamentales del Estado «a cambio de favores políticos». «Este Ejecutivo ha decidido traicionar a los servidores públicos y ceder ante los chantajes de los separatistas, poniendo en grave peligro la seguridad y la soberanía nacional», critica. Según Jupol, se trata de una «maniobra para erradicar» a la Policía Nacional y a la Guardia Civil de Cataluña y cree que un traspaso supone un «ataque directo» a la labor y una «rendición vergonzosa ante el separatismo».
En este sentido, el sindicato policial avanza que sus servicio jurídicos van a estudiar todas las vías legales para «frenar esta cesión ilegal». Asimismo, solicitan explicaciones a Marlaska y su dimisión por su «absoluta incapacidad» para defender a los cuerpos de seguridad del Estado.
