La Agencia Tributaria otorgó un tratamiento especial a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para mejorar su situación fiscal ante la juez que lo investiga. En un procedimiento inusual, Hacienda permitió a Sánchez aclarar aspectos de su situación fiscal en un trámite que rara vez se ofrece a otros contribuyentes, según los expertos.
Antes de redactar el informe requerido por la juez que lleva el caso, la Agencia Tributaria solicitó información adicional a David Sánchez. Con esa documentación, elaboraron un informe que afirma haber sido confeccionado «basado exclusivamente en la información disponible en las bases de datos de la AEAT y en los documentos proporcionados por el juzgado».
Este procedimiento recuerda al polémico caso Falciani de 2010, cuando Hacienda bajo el gobierno de Zapatero facilitó a 659 contribuyentes españoles, algunos con cuentas opacas en Suiza, la regularización de hasta 6.000 millones de euros. En aquel entonces, la estrategia fue criticada por considerarse una «amnistía» que benefició a grandes fortunas, como la familia Botín, evitando sanciones económicas y judiciales. Sin embargo, en aquella ocasión, no había un proceso penal en curso.
En contraste, la situación actual de David Sánchez está bajo investigación judicial, con una creciente presión mediática. A diferencia del pasado, la AEAT no ha llevado a cabo una investigación sobre él. Esto se admite en el informe, donde se aclara que no se realizó un «procedimiento de comprobación». De no haber sido por la información adicional que Sánchez proporcionó, el informe habría sido más general y menos favorable, según expertos en fiscalidad consultados por el diario Vozpópuli.
Inspectores consultados subrayan que Hacienda, en un proceso penal, debería haber limitado su actuación a lo que figuraba en sus registros sobre David Sánchez, dejando a la juez decidir los siguientes pasos. El hecho de permitir que el hermano del presidente explique su situación fiscal mediante un trámite especial genera, según algunos expertos, «serias sospechas». El informe no aborda el presunto incremento patrimonial injustificado ni la posible evasión fiscal, además de intentar justificar su residencia en Portugal, lo cual ha generado preocupación en sectores fiscales.
Otra controversia surgió cuando la Agencia Tributaria entregó el informe sin firmar ni sellar, lo que sugiere que su autor no quería hacerse responsable de su contenido. Finalmente, tras la petición de la juez, tres altos funcionarios de Hacienda en Extremadura firmaron el documento, aunque tradicionalmente estos documentos son elaborados por un solo inspector y no por cargos de tan alto rango. Los firmantes son la inspectora regional María Encarnación Cabezas, el jefe de la Dependencia Regional de Gestión Tributaria Emilio Hurtado y la delegada de la Agencia Tributaria Clara Santos.
