Desde que las informaciones relativas a los presuntos casos de corrupción de Begoña Gómez y David Sánchez salieron a la palestra, el Gobierno de España ha iniciado una campaña de desinformación en sus medios afines para justificar medidas que pongan coto de caza a los medios libres y veraces y a las redes sociales.
Con el objetivo de convencer de que la difusión de bulos es una de las principales preocupaciones de los españoles, El País o Newtral —empresa dedicada a la comprobación de hechos— han lanzado titulares de este calibre: «La desinformación preocupa a seis de cada diez españoles» o «El 80% de los españoles se inquieta por las noticias falsas».
Sin embargo, el CIS de José Félix Tezanos, afín al PSOE, ha desmentido estas informaciones, ubicando el problema de la desinformación como el número 23 en importancia para los españoles. En total, sólo un 2,4% de los más de 4.000 encuestados lo considera un problema a tener en cuenta. De ellos, únicamente el 1,1% lo considera el principal problema a atajar como está haciendo en estos momentos el Ejecutivo de Sánchez.
Esta información coincide con las 31 medidas anunciadas por Pedro Sánchez para perseguir lo que ellos consideren desinformación. Entre ellas, llevarán a cabo cambios en el poder legislativo y en el ejecutivo, así como una serie de exigencias a los medios de comunicación que, a priori, deberán cumplir.
Se trata, según ha anunciado el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, de una «hoja de ruta con 31 medidas que el Gobierno va a implementar a lo largo de la legislatura». Así, tiene el objetivo de «reforzar la limpieza de la democracia y dotar de una mayor transparencia al ecosistema de los medios de comunicación».
El ministro ha comunicado, además, que se implementará una comisión interministerial «cada tres meses para vigilar el seguimiento de la implementación» del plan a lo largo de los tres años restantes de legislatura.
