El Gobierno ha confiado el almacenamiento de millones de datos personales y laborales de los ciudadanos a Huawei, la empresa china acusada de espionaje por Estados Unidos y vetada en buena parte de Europa. La Administración General del Estado ha adjudicado recientemente a Telefónica el contrato de mantenimiento de varios equipos del gigante asiático utilizados por la Seguridad Social. El servicio se prolongará hasta 2027, salvo que la presión internacional obligue a una marcha atrás.
El contrato, valorado en 577.000 euros, contempla el mantenimiento de varios modelos de almacenamiento fabricados por Huawei, entre ellos los OceanStor Pacific 9520 y OceanStor Dorado 8000 V6. Estos sistemas forman parte de la infraestructura que utiliza la Gerencia de Informática de la Seguridad Social para guardar información crítica relacionada con la protección pública ante situaciones de desempleo, enfermedad, jubilación, maternidad o accidentes laborales.
Según la documentación técnica consultada por Vozpópuli, la capacidad de estos equipos ronda los 564 terabytes, suficiente para almacenar el equivalente a 376 millones de libros digitales como El Quijote. Pero más allá del dato anecdótico, lo que realmente guardan es información extremadamente sensible: nombres, DNIs, teléfonos, direcciones, bases de cotización, historial de afiliación, información médica y la vida laboral completa de cada ciudadano.
Desde el sector tecnológico insisten en que Huawei, como proveedor del hardware, no tiene acceso directo a los datos, y comparan la situación con «comprar una caja fuerte cuyo fabricante no puede abrir». Sin embargo, el debate no es técnico, sino político. La empresa china mantiene estrechos vínculos con el régimen comunista de Pekín y ha sido expulsada del desarrollo del 5G en Estados Unidos y vetada en países como Reino Unido, Alemania y buena parte de Europa.
Aun así, la Seguridad Social española mantiene su colaboración con Huawei desde al menos 2020. De momento, el contrato seguirá en vigor hasta 2027. Pero si aumentan las alertas por seguridad o el coste político de esta alianza, el Gobierno podría verse obligado a rescindir anticipadamente el acuerdo y buscar otro proveedor.
En una época en la que la protección de datos y la soberanía tecnológica se han convertido en cuestiones estratégicas, la apuesta por Huawei en un área tan crítica como la Seguridad Social no es un detalle menor. Mientras los socios internacionales de España blindan sus infraestructuras frente a posibles injerencias chinas, el Ejecutivo de Sánchez entrega sin reparos el corazón digital del Estado a una firma que carga con el estigma del espionaje.
