La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha gastado 231.000 euros a la financiación de una macroencuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de José Félix Tezanos, con el objetivo de recabar datos que respalden su propósito de promover una ley para la abolición de la prostitución.
Según publica El Español, el estudio, denominado oficialmente “estudio de percepción ciudadana sobre la prostitución”, fue formalizado mediante un convenio suscrito el pasado 20 de junio entre la Secretaría de Estado de Igualdad y el CIS. El coste total asciende a 330.000 euros, de los cuales la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género aporta 231.000 euros, mientras que el CIS asume los 99.000 restantes.
Según explicó la ministra Ana Redondo en Valladolid, los resultados del sondeo, que se conocerán en las próximas semanas, proporcionarán «una imagen que luego tendremos que trasladar al proyecto de ley para dar respuesta a esa necesidad ciudadana». El estudio se enmarca en la estrategia del Ministerio para reactivar la iniciativa legislativa abolicionista.
La encuesta ha sido realizada mediante entrevistas telefónicas a 10.000 personas mayores de 16 años, seleccionadas aleatoriamente. El tamaño de la muestra supera ampliamente el de otros sondeos habituales del CIS, cuyos barómetros electorales suelen basarse en unas 3.300 entrevistas. Cada cuestionario tiene una duración estimada de entre 20 y 24 minutos.
El contenido incluye preguntas sobre actitudes hacia la pornografía, la situación de las mujeres en prostitución, el papel de los denominados «hombres prostituidores» y la trata de personas con fines de explotación sexual. El convenio establece que la ponderación de resultados se efectuará utilizando variables sociodemográficas relevantes, con el fin de garantizar representatividad y fiabilidad estadística.
El anexo técnico precisa que el diseño del cuestionario, la definición de la muestra y las tareas de supervisión y coordinación suponen 30.000 euros, mientras que el trabajo de campo asciende a 300.000 euros. El CIS, adscrito al Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, tiene entre sus funciones la elaboración de estudios que orienten la acción normativa y ejecutiva de los poderes públicos.
El acuerdo fijaba como fecha límite para la entrega de resultados el 30 de noviembre. Posteriormente, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género adjudicó a la Universitat Jaume I un contrato menor de 14.999 euros para el análisis de los datos y la elaboración de conclusiones principales.
La iniciativa se produce en un contexto de debate parlamentario sobre el modelo normativo aplicable. El Partido Socialista defiende una posición abolicionista que penalice el proxenetismo y refuerce la protección de las mujeres en situación de prostitución. Sin embargo, formaciones como Sumar han mostrado reservas respecto a la criminalización del entorno sin la implementación previa de alternativas socioeconómicas.
De forma paralela, el Ministerio de Igualdad prevé destinar dos millones de euros adicionales a una campaña institucional contra la prostitución con motivo del Día Internacional de las Mujeres, dentro de una estrategia integral de sensibilización y reforma normativa.
