El Ministerio de Igualdad destinó más de 67.000 euros de dinero público a la elaboración, diseño y publicación de un informe sobre el denominado «sexilio» LGTB en España, un concepto que el propio departamento define como la huida de personas por supuestos episodios de discriminación o violencia de género. El resultado, según los datos oficiales, ha sido un impacto mínimo: apenas 72 descargas desde su publicación.
La información figura en una resolución del Portal de Transparencia, donde se detalla que el estudio, titulado Estudio sobre el fenómeno del sexilio en España, tuvo un coste de 59.459,40 euros, IVA incluido. El encargo se realizó íntegramente a la empresa Fresno Servicios Sociales, adjudicataria del contrato, según detalla The Objective.
A esa cantidad se sumaron otros gastos asociados al formato y la difusión del documento. En concreto, 4.692,39 euros se destinaron a la maquetación y 3.187,60 euros a la impresión, lo que eleva el desembolso total hasta los 67.339,39 euros, siempre según la documentación oficial.
El balance entre coste y alcance resulta especialmente llamativo. A fecha 16 de enero de 2026, el informe había registrado sólo 72 descargas, de las cuales 62 se realizaron directamente desde el portal institucional. Los datos fueron facilitados por la Dirección General para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas LGTBI+. Traducido a cifras, cada descarga habría supuesto un gasto superior a los 1.000 euros para las arcas públicas.
Además de la versión digital, Igualdad ordenó la impresión de 250 ejemplares en papel. Sin embargo, la resolución no aclara cuántos de esos documentos se han repartido ni quiénes han sido sus destinatarios, pese al coste adicional que supuso su producción.
El informe se enmarca en las políticas impulsadas por el ministerio para analizar la situación de personas LGTBI+ que abandonan su lugar de origen por motivos de rechazo o discriminación. No obstante, los propios datos de Transparencia reflejan una difusión muy limitada, al menos si se mide por el número de accesos y descargas, en contraste con la cuantía del gasto público comprometido.
La resolución, firmada por el director general para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas LGTBI+, Julio del Valle de Íscar, pone fin a la vía administrativa. El documento precisa que las cifras ofrecidas corresponden al estado del informe en el momento de la respuesta oficial, sin que conste información posterior sobre su alcance ni sobre el destino final de los ejemplares impresos.
