El Ministerio de Igualdad ha denegado una subvención a Trans No Normativos (TNN), una asociación integrada principalmente por militares y policías que han cambiado su sexo registral, al considerar que no cumple la cuota femenina exigida para acceder a las ayudas, según publica The Objective.
La decisión ha provocado las protestas de la entidad, que sostiene que sus dirigentes son mujeres legalmente reconocidas. TNN acusa al departamento de Ana Redondo de incurrir en «discriminación» y «transfobia institucional» al evaluar su solicitud.
El requisito del 65% de mujeres
La resolución del Instituto de las Mujeres, a la que ha tenido acceso el citado periódico, señala que la asociación incumple uno de los requisitos establecidos en la convocatoria de subvenciones destinadas al movimiento asociativo y fundacional de ámbito estatal.
En concreto, cuestiona que las mujeres representen al menos el 65% de los miembros de su junta directiva. La asociación denuncia que esa conclusión parte de una atribución errónea del género de sus representantes y reclama que se respete su reconocimiento legal.
La controversia sitúa al propio Ministerio ante las consecuencias administrativas de la autodeterminación de género que defiende: la entidad reclama acceder a la convocatoria conforme al sexo que figura en su documentación.
Una asociación impulsada por policías y militares
TNN adquirió notoriedad tras la aprobación de la ley trans. En marzo de 2024, The Objective informó de que agrupaba a más de 200 personas, entre ellas integrantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía que habían modificado su inscripción registral.
Sus representantes explicaban entonces que no se hormonaban ni tenían previsto someterse a intervenciones quirúrgicas. También reivindicaban que mantener nombres, apariencia o circunstancias familiares anteriores no debía impedir su reconocimiento como mujeres.
Entre los objetivos que manifestaba la organización figuraba precisamente el acceso a ayudas públicas para desarrollar su actividad asociativa. La denegación anunciada ahora convierte esa aspiración en un conflicto con Igualdad. El núcleo de la reclamación es que la Administración aplique a sus integrantes el reconocimiento registral que invocan, también cuando comprueba la composición de los órganos directivos para conceder subvenciones.
