El Ministerio de Igualdad ha dado un nuevo paso en su intención de regular el contenido digital, proponiendo una intervención directa en las redes sociales con el fin de limitar la difusión de mensajes considerados misóginos y fortalecer la presencia de discursos feministas. Así lo recoge el informe Autopercepción de la imagen de las mujeres en los nuevos entornos digitales, un documento de 189 páginas que establece una serie de medidas dirigidas a transformar el ecosistema digital.
El plan, presentado este miércoles, incluye desde la creación de plataformas públicas sin ánimo de lucro hasta el desarrollo de sistemas de advertencias para contenidos que puedan considerarse contrarios al feminismo. Además, el documento plantea la necesidad de financiar y promocionar a creadoras de contenido feminista, asociaciones y entidades que difundan esta perspectiva en el entorno digital.
El informe clasifica las medidas en función de su viabilidad y plantea tres niveles de actuación, detalla The Objective. En primer lugar, las iniciativas de aplicación inmediata incluyen la creación de un servicio legal gratuito para influencers feministas y la implementación de mecanismos para que las víctimas de violencia digital puedan defenderse jurídicamente con mayor facilidad.
En un segundo nivel, que según el Ministerio enfrenta mayores barreras, se propone la incorporación de advertencias en plataformas digitales cuando un usuario acceda a contenidos relacionados con la llamada «Manosfera» (término usado para describir espacios en internet con discursos antifeministas). Este modelo seguiría el mismo criterio aplicado a temas sensibles como trastornos de la alimentación o suicidio, donde ya se insertan alertas en buscadores y redes sociales.
Por último, en el apartado de medidas a largo plazo, el documento sugiere la necesidad de un mayor control sobre las plataformas digitales y la inteligencia artificial, así como la creación de redes sociales gestionadas por el Estado, con supervisión institucional y sin fines lucrativos. Aunque se reconoce que estas medidas requerirían reformas legales y cambios estructurales, Igualdad enfatiza que son fundamentales para garantizar un entorno digital más equitativo.
