El Gobierno de Salvador Illa (PSC) ha destinado un total de más de 37 millones de euros a proyectos de cooperación internacional en 2025 mientras en Cataluña más de 1,35 millones de personas —el 17% de la población— viven en situación de exclusión social. La publicación oficial de las subvenciones ha reabierto la polémica sobre las prioridades del Ejecutivo catalán en un contexto de creciente precariedad interna.
Según los datos revelados esta semana por el informe de la Fundación FOESSA presentado por Cáritas, una de cada seis personas en Cataluña sufre ya exclusión social y una de cada tres se encuentra en riesgo de caer en ella ante cualquier cambio de ciclo económico. Son cifras que dibujan un escenario de emergencia social persistente, con dificultades crónicas en acceso a vivienda, empleo estable y servicios básicos.
Pese a este contexto, la Generalidad ha aprobado este año un amplio paquete de ayudas al extranjero que se reparten por decenas de países de África, Iberoamérica y Oriente Medio, con importes que en numerosos casos rozan o superan el millón de euros por proyecto. La mayor parte de estas subvenciones están destinadas a programas de enfoque feminista, activismo social, derechos sexuales y reproductivos, educación global, incidencia política, migraciones, decolonialismo y lucha contra discursos de odio.
Entre los destinos de los fondos figuran países como Colombia, Mozambique, Senegal, Palestina, Guatemala, México, Bolivia, Honduras, Líbano, Marruecos, Afganistán, Cuba, Yemen, Nigeria o Congo, en iniciativas que van desde redes feministas transnacionales hasta programas de transformación carcelaria, activismo juvenil, agroecología política, soberanía alimentaria, «educación antirracista», gobernanza territorial o defensa de defensoras de derechos humanos.
Numerosos proyectos superan ampliamente los 700.000 y 1.000.000 de euros por convocatoria, mientras otros, aunque de menor cuantía, se multiplican por decenas, configurando un volumen total de gasto que alcanza cifras históricas en cooperación exterior para la Generalidad. Todo ello contrasta con el deterioro de los indicadores sociales en barrios enteros de Cataluña, donde se cronifican el desempleo, la pobreza energética, el hacinamiento y la dependencia de ayudas básicas.
Desde distintos ámbitos se cuestiona que, mientras se financian programas internacionales de carácter ideológico, Cataluña mantiene listas de espera en servicios sociales, una presión creciente sobre los servicios asistenciales municipales y un problema estructural de acceso a la vivienda que afecta especialmente a jóvenes, familias monoparentales y mayores con pensiones mínimas.
El informe de Cáritas alerta además de que más de un millón de catalanes viven en una precariedad tan elevada que cualquier crisis económica podría empujarlos directamente a la exclusión. Sin embargo, el Ejecutivo catalán mantiene intacta su estrategia de cooperación exterior, defendida como una apuesta política prioritaria.
