El presidente de la Generalidad, Salvador Illa, y la ministra de Inclusión, Elma Saiz, han escenificado en Barcelona un acuerdo que marca un precedente en España: la puesta en marcha de un mecanismo conjunto para vigilar y supervisar los mensajes de odio en internet. El pacto, firmado en el Palacio de Pedralbes con la participación del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia y de la consejera Eva Menor, convierte a Cataluña en la primera comunidad que formaliza un sistema de control digital junto al Estado.
Bajo el paraguas de la lucha contra la intolerancia, el Govern y el Ejecutivo central abren así la puerta a una supervisión permanente del discurso en redes sociales. Una iniciativa que, según sus impulsores, es una herramienta de protección, pero que también despierta recelos por su evidente componente de fiscalización del espacio digital, en un momento en el que la línea entre combatir delitos y restringir la libertad de expresión es cada vez más fina.
Illa ha dibujado las plataformas digitales como un terreno salvaje dominado por el ataque permanente. Según su diagnóstico, la red se ha convertido en un entorno hostil donde triunfan la agresividad y el enfrentamiento, impulsados —ha señalado— por algoritmos que «premian los mensajes más extremos». A su juicio, permitir que estos contenidos circulen sin cortapisas equivale a dejar un espacio «sin normas», una idea que refuerza el giro intervencionista que ahora promueven las administraciones.
El dirigente socialista ha insistido en que detrás de cada mensaje de odio hay daños reales y personas concretas afectadas, rechazando cualquier argumento que justifique la tolerancia hacia estos discursos. En ese contexto, ha defendido que la sociedad no debe resignarse a convivir con insultos, amenazas o falsedades en el entorno digital, asumiendo implícitamente que el control institucional es el camino para evitarlo y utilizando este pretexto para imponer la censura.
