Apenas unas semanas después de que el Ministerio del Interior prometiera una transición «amable», ya se han impuesto las primeras multas por no llevar la señal V16 conectada, el dispositivo que sustituye a los tradicionales triángulos de emergencia.

La situación ha generado sorpresa e indignación entre conductores y expertos legales, especialmente porque el propio ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró públicamente en enero que existiría un «periodo razonable» de adaptación antes de iniciar cualquier régimen sancionador relacionado con la obligatoriedad de la V16. «El Gobierno de Sánchez continúa saqueándonos», ha señalado un conductor.

El anuncio oficial tenía como objetivo permitir que los ciudadanos se informaran y adquirieran el nuevo dispositivo de forma progresiva, evitando el castigo económico inmediato.

Según recoge el diario Las Provincias, la consultora jurídica Pyramid Consulting ha denunciado la imposición de sanciones de 80 euros a conductores que aún no disponen de la señal luminosa conectada.

De acuerdo con los datos facilitados, la primera denuncia confirmada ha sido tramitada por la Jefatura Provincial de Tráfico de Valencia. La sanción se apoya en el artículo 10.3 de la Ley de Tráfico y en el artículo 18.1 del Reglamento General de Vehículos, relativos a los elementos de señalización obligatorios.

Para los expertos legales, que la multa se haya emitido tras el anuncio ministerial supone una clara ruptura entre el discurso político y la ejecución administrativa. Ante la creciente inseguridad jurídica para los conductores, la consultora ha anunciado que recurrirá las multas impuestas y recomienda no pagar con descuento, ya que ello implica renunciar a cualquier recurso. «La Administración no está actuando con la seguridad jurídica y transparencia que exigen los artículos 9 y 103 de la Constitución Española», advierte.