Canarias sigue siendo el epicentro de la presión migratoria en España, según datos oficiales del Ministerio del Interior, desde enero hasta el 15 de octubre han llegado al archipiélago 13.491 inmigrantes ilegales por vía marítima, una cifra que, aunque representa un descenso en comparación con el mismo periodo de 2024, aún sigue siendo estadísticamente un volumen de inmigración ilegal muy superior si lo comparamos con datos del último lustro.
Las entradas ilegales actuales son equiparables a las de 2022, con 13.122 inmigrantes hasta el 15 de octubre de ese año y superan con creces las estadísticas de años anteriores. En 2020 se contabilizaron 8.102 hasta octubre, y en 2019 apenas 1.208. Esto significa que, en 2025, Canarias recibe diez veces más inmigración ilegal que hace cinco años, un incremento exponencial que tensiona el sistema sanitario y económico del archipiélago.
Pero lo que realmente indigna es el trato preferencial que reciben estos inmigrantes en, por ejemplo, el acceso a medicamentos. A pesar de entrar ilegalmente en España y sin haber cotizado jamás a la Seguridad Social, ni siquiera poseer tarjeta sanitaria, se benefician en el pago de sus tratamientos farmacológicos de una manera similar a la que se aplica a cualquier español en activo con rentas inferiores a 18.000 euros anuales. El caso de los inmigrantes ilegales implica que el sistema público español cubre el 60% del precio de venta al público (PVP) de los medicamentos prescritos. Fuentes del sector sanitario, que han proporcionado evidencias del sistema informático de gestión de consultas a este medio, denuncian que esta prestación se aplica automáticamente a los inmigrantes ilegales una vez acceden a la atención, incluso en situaciones no emergentes. «Es inaceptable que, con cargo a los impuestos de los españoles, se subsidie así a quienes no contribuyen al sistema», afirma una de estas fuentes, que prefiere mantener el anonimato por temor a represalias.
Esta política se ampara en la legislación vigente, como el artículo 3 ter de la Ley 16/2003 de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, modificado por el Real Decreto-ley 7/2018, que garantiza a los extranjeros no registrados ni autorizados como residentes (ilegales) el derecho a la atención sanitaria en igualdad de condiciones, incluyendo prestaciones farmacéuticas con una aportación del 40%. Aunque la norma no impone explícitamente un requisito de días de estancia para el acceso general, en la práctica se aplica a través de procedimientos autonómicos que exigen acreditar residencia efectiva (como empadronamiento o informes sociales de vulnerabilidad). Sin embargo, en casos de llegadas ilegales masivas como en Canarias, fuentes sanitarias denuncian que esta prestación se concede desde el primer día, incluso sin disponer de tarjeta sanitaria. Esto facilita el subsidio a miles de recién llegados con cargo a fondos públicos, sin cotización previa, generando un profundo malestar entre los profesionales que ven cómo se equipara a inmigrantes ilegales con contribuyentes, desbordando el sistema.
En islas como Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura y El Hierro los profesionales sanitarios se sienten desbordados. «Muchos días atendemos a más inmigrantes de centros de acogida que a nacionales», explican, respaldado por citas médicas facilitadas a este medio. El refuerzo del sistema sanitario canario, anunciado recientemente para hacer frente a esta avalancha, no basta: los recursos se desvían, dejando a los contribuyentes en segundo plano. Esta situación no sólo genera malestar entre los sanitarios, sino que cuestiona la sostenibilidad del modelo. Mientras el Gobierno celebra la reducción de llegadas, el coste real —en sanidad, acogida y subsidios— recae sobre los canarios.
