El Gobierno deniega autorizar la venta del 25% de Net TV a Paramount pese a existir informes favorables de Estados Unidos.
Net TV posee un multiplex de dos canales de TDT, controlado de forma mayoritaria por Vocento, que tiene el 55% del capital. Actualmente, esos dos canales están ocupados por Disney Channel, a su vez propietaria del 20% de Net TV; y Paramount Channel, que emite en régimen de alquiler, pero que está interesado desde hace tiempo en adquirir un paquete accionarial de la sociedad.
Por ello, la major estadounidense firmó un contrato de compraventa en 2014 con el grupo Intereconomía, que es propietario del restante 25% de las acciones de Net TV, en su poder desde el año 2008.
Sin embargo, este acuerdo estaba sujeto a condición suspensiva, a la espera de que la operación fuera aprobada por el Gobierno español. Y es que, según la Ley General de Comunicación Audiovisual, existe una serie de limitaciones a la entrada de inversores extranjeros en sociedades adjudicatarias de licencias de Televisión Digital Terrestre (TDT).
En concreto, la citada norma estipula que “la participación en su capital social de personas físicas o jurídicas nacionales de países que no sean miembros del Espacio Económico Europeo deberá cumplir el principio de reciprocidad”.
También recoge que “la participación individual de una persona física o jurídica nacional de países que no sean miembros del Espacio Económico Europeo no podrá superar directa o indirectamente el 25% del capital social”.
Así pues, Paramount ha estado durante los últimos meses negociando de forma verbal con el Gobierno la obtención del preceptivo permiso. Tras estos contactos informales –y ya con la certeza de que iba a recibir luz verde- Paramount solicitó de forma oficial hace unos meses la autorización administrativa para adquirir el paquete accionarial de Net TV.
Después de unos meses de deliberación, el Gobierno denegó la solicitud de Paramount el pasado viernes. En su notificación, la Secretaría de Estado de Sociedad de la Información y Agenda Digital, en manos de José María Lassalle, se ampara en que no existe reciprocidad con Estados Unidos. Es decir, España sólo la podría autorizar siempre y cuando la administración norteamericana pudiera admitir una eventual operación similar. Condiciones que, según el Gobierno, no se daban.
Sin embargo, fuentes conocedoras de las negociaciones señalan a DIRCOMFIDENCIAL que tanto la embajada de Estados Unidos en España como el organismo regulador del mercado de las telecomunicaciones de aquel país han emitido informes favorables a la compraventa.
Básicamente, esos documentos exponen que una operación de este tipo sí sería permitida en Estados Unidos. De hecho, hace unos meses la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC, por sus siglas en inglés) dio su aprobación a que el operador mexicano Televisa aumentara su participación en la compañía estadounidense Univision hasta el 49% de las acciones.
De esta manera, el Gobierno de Mariano Rajoy ha paralizado la venta del 25% de Net TV, actualmente en poder de Homo Videns, sociedad dependiente del grupo Intereconomía. El Gobierno de Rajoy ha tardado tres años en responder a la petición de autorización para que Intereconomía vendiera su paquete accionarial a Paramount y sólo tres días antes de que se consumara el silencio administrativo positivo ha notificado su negativa, produciendo a Intereconomía un enorme perjuicio.
La resolución causa enorme extrañeza en un sector donde las reglas son sistemáticamente soslayadas por los diversos operadores y siendo que el grupo norteamericano Disney ostenta el veinte por ciento del capital de Net TV, cuya autorización administrativa no tuvo ningún reparo por parte del Gobierno.
El Gobierno español y la comisión del mercado y de la competencia han ignorado el flagrante incumplimiento de las condiciones para las fusiones de Cuatro con Telecinco y de Antena 3 con La Sexta. Se han saltado las normas que regularon las últimas concesiones de canales permitiendo que el grupo Antena 3 controlara de facto la concesión a n+1 y secuoya, que incumple a día de hoy las condiciones del pliego concesional, y renunciando a la defensa de la pluralidad informativa objeto de las nuevas concesiones.
Algunos operadores anuncian ya acciones judiciales para que los tribunales se manifiesten sobre la legalidad de estos manifiestos incumplimientos.
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