El jefe del dispositivo que se desplegó en la sede de la CUP el 20 de septiembre de 2017 ha manifestado que los agentes fueron «acometidos y golpeados violentamente» hasta el punto de que tuvieron que disparar balas de fogueo para abrirse paso entre los concentrados debido a la «actitud violenta hacia la Policía».
Juan Manuel Quintela, comisario jefe de la brigada de información de la Jefatura de Policía de Cataluña, declaró el pasado 25 de febrero como investigado, después de que la Audiencia de Barcelona reabriera la causa que investiga estos hechos al entender que podría encajar en un delito de coacciones ya que los agentes impidieron la salida y entrada de militantes entre las 14 y las 20 horas.
El comisario ha destacado en el juicio del «proces» la «actitud violenta hacía la Policía» de los concentrados aquel 20 de septiembre, hasta el punto de que los antidisturbios «fueron acometidos violentamente y golpeados».
Tanto es así que el comisario ha explicado que se vieron obligados a hacer «disparos de salvas» (balas de fogueo) «porque fueron rodeados y recibieron lanzamientos de objetos».
Ha relatado que la Policía se desplegó en la sede de la CUP porque habían detectado propaganda del referéndum y, de hecho, aquel día intervinieron una furgoneta que había salido del local con publicidad del 1-O.
Pero inmediatamente, ha continuado, empezaron a llegar militantes de esa organización «en una actitud hostil hacia los policías», de manera que el Cuerpo desplegó un dispositivo de antidisturbios «para salvaguardar el orden, la seguridad de los funcionarios y de las personas» que en ningún momento empleó la fuerza.
«Quizá eso permitió a los militantes entrar y salir del local y organizar un poco una fiesta, con libertad deambulatoria, bailes y discursos», ha dicho el comisario dejando claro que no impidieron el movimiento de personas que entraban y salían del local, pese a que la CUP en su denuncia ante el juzgado manifestó todo lo contrario.
Y según la Audiencia de Barcelona, el cerco policial a la sede de la CUP podría constituir un delito de coacciones, dado que supuestamente el jefe del operativo ordenó el despliegue de los agentes «a fin de que les permitieran la entrada y registro de su sede», lo que supondría un posible uso de la «intimidación».
