Jueces y fiscales españoles viajaron ayer martes a Estrasburgo para denunciar ante el Parlamento europeo lo que consideran una amenaza directa al equilibrio institucional en España. En el centro de sus críticas se encuentra la conocida como «Ley Bolaños», aún en tramitación, que podría recibir luz verde antes de que termine el verano.
Durante su visita, los representantes de cinco asociaciones profesionales —la Asociación de Fiscales, la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Francisco de Vitoria, el Foro Judicial Independiente y la Asociación Independiente de Fiscales— mantuvieron encuentros con eurodiputados de prácticamente todos los grupos políticos, a excepción de los socialistas, quienes rehusaron recibirlos.
Entre las reuniones más destacadas estuvieron las mantenidas con figuras clave como Roberta Metsola, presidenta del Parlamento Europeo; Michael McGrath, comisario europeo de Justicia; y Henna Virkunnen, vicepresidenta de la Comisión. También se vieron con eurodiputados de grupos como el PPE, Renew Europe, ECR, Los Verdes, Patriots y La Izquierda.
Los representantes del sector judicial alertaron de que esta reforma, impulsada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, pretende modificar de forma acelerada la arquitectura del sistema judicial para someterlo al control del poder político. A su juicio, se intenta colocar en cargos clave a personas afines al Gobierno sin cumplir los requisitos de formación exigidos, lo que podría comprometer gravemente la imparcialidad del sistema.
Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales, advirtió del riesgo de que se otorgue aún más poder al Fiscal General del Estado, cuya elección depende directamente del Gobierno. Según sus palabras, la reforma eliminaría los actuales mecanismos internos que limitan el poder del fiscal jefe, lo cual permitiría que los intereses del Ejecutivo influyeran en las investigaciones penales.
La delegación judicial advirtió, además, que el verdadero objetivo de la reforma es blindar al Gobierno y sus allegados frente a investigaciones judiciales en curso o futuras. “Estas modificaciones buscan obstaculizar procesos que puedan salpicar a miembros del Ejecutivo o incluso a personas del entorno familiar del presidente”, sentenció Dexeus ante los medios.
