Las asociaciones judiciales y fiscales han pedido a la secretaria general del PSOE andaluz y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que muestre «prudencia y respeto» hacia las resoluciones judiciales, tras sus recientes críticas a la absolución de Dani Alves por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. La ministra calificó de «vergonzosa» la decisión judicial y puso en duda que el derecho a la presunción de inocencia deba situarse por encima del testimonio de mujeres jóvenes que acusan a figuras con poder e influencia.
En respuesta, siete organizaciones del ámbito judicial y del Ministerio Público han emitido un comunicado conjunto en el que reivindican la importancia de salvaguardar la independencia del poder judicial. Recuerdan que las decisiones de los tribunales deben ser respetadas por todos los representantes públicos, incluso cuando susciten desacuerdos. «Deslegitimar públicamente una resolución puede minar la confianza ciudadana en la Justicia y socavar los fundamentos del Estado de Derecho», advierten.
Estas asociaciones —entre ellas la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y la Unión Progresista de Fiscales— subrayan que las garantías procesales, como la presunción de inocencia, están amparadas por la Constitución y tratados internacionales ratificados por España. Alertan de que poner en entredicho estos derechos, especialmente desde cargos institucionales, puede poner en riesgo la imparcialidad del sistema judicial y distorsionar la percepción de justicia.
Sin restar importancia al sufrimiento de las víctimas ni a la necesidad de que sus relatos sean tratados con la sensibilidad que merecen, el comunicado insiste en que ese compromiso debe coexistir con el respeto a los derechos de los acusados. El equilibrio entre ambas partes —dicen— es esencial para preservar un proceso justo y equitativo.
Las asociaciones firmantes también han recordado que las críticas a las sentencias judiciales, aunque legítimas, deben formularse con conocimiento, mesura y en un marco que no desautorice la labor de los jueces. «Los representantes institucionales tienen una responsabilidad añadida en el mantenimiento de la confianza en las instituciones del Estado, especialmente cuando se trata del poder judicial», sostienen.
El origen de esta controversia está en la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que la semana pasada anuló, por unanimidad, la condena que pesaba sobre el exfutbolista Dani Alves. La sentencia original le imponía una pena de cuatro años y medio de prisión por una agresión sexual ocurrida en diciembre de 2022 en una discoteca de Barcelona. La revocación del fallo ha reavivado el debate público sobre los límites de la presunción de inocencia y el tratamiento judicial de los casos de violencia sexual.
