El magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, dejó claro en sus resoluciones que José Luis Ábalos y Koldo García afrontan un juicio inminente, una sentencia firme en apenas unos meses y, si se confirma la condena, una larga temporada en la cárcel que no bajaría de diez años. La decisión de enviarlos a prisión provisional, explica, se entiende precisamente por ese horizonte judicial cada vez más próximo y contundente.

Puente recuerda que las penas solicitadas por la Fiscalía —24 años para Ábalos y 19 para García— y por las acusaciones populares —hasta 30 años— son de tal gravedad que «se comentan por sí solas». Incluso aplicando los mínimos por los delitos imputados —organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación y uso de información privilegiada— la condena no descendería de una década de cárcel para cada uno.

El juez subraya que, al ser Ábalos aforado, el juicio ante el Supremo se celebrará “en apenas unos meses” y la sentencia será firme de inmediato, sin posibilidad de recurso. Por tanto, la estancia preventiva en prisión, señala, no superaría ese período, dando paso directo al cumplimiento inmediato de las penas que eventualmente se impongan.

El instructor añade que este futuro judicial se complica aún más por la segunda investigación abierta en una pieza separada, centrada en el supuesto amaño de adjudicaciones de obra pública a cambio de comisiones, de la que también podrían derivarse responsabilidades penales graves para ambos.

Puente insiste en que la prisión es el único mecanismo eficaz para asegurar que el juicio se celebre sin riesgos, especialmente tras comprobar que los dos manejaron importantes cantidades de dinero en metálico cuya procedencia aún no está justificada. En el caso de Koldo, apunta además que asumió gastos personales de Ábalos sin que conste devolución alguna.

El magistrado también destaca las conexiones internacionales acumuladas por ambos durante su etapa en el Ministerio de Transportes. En lo que respecta a Ábalos, menciona la posible existencia de bienes en países iberoamericanos, su vinculación a la fundación Fiadelso y los ingresos procedentes del extranjero enviados por sus hijos. En opinión de Puente, todos esos elementos podrían facilitar una huida en el momento crítico en el que se acerca el juicio.

Sobre García, recuerda los vínculos creados tras su salida del Gobierno en 2021 y sus posteriores trabajos para asesorar a empresas en inversiones en Iberoamérica, además de los contactos que afianzó cuando desempeñaba funciones públicas.

Durante la vistilla, la defensa de Koldo alegó arraigo familiar en España. Sin embargo, Puente rechaza que ese argumento elimine el riesgo de fuga, pues los familiares podrían acompañarle o él podría optar por separarse de ellos para evitar un escenario «muy desfavorable».

Ábalos, por su parte, utilizó su condición de diputado para defender que no abandonaría el país, pero el juez insiste en que el riesgo es máximo, especialmente con el juicio por la trama de las mascarillas ya prácticamente encima.