Los socios de Pedro Sánchez van consiguiendo sus objetivos conforme va arrancando la legislatura. A la ley de amnistía, que se encuentra a las puertas del Senado, y a la ruptura de la caja única de la Seguridad Social se suman ahora nuevas exigencias por parte de los separatistas: traspasar las competencias en inmigración a Cataluña y que se legisle para que las empresas que huyeron por el «procés» vuelvan.
El PSOE se ha comprometido a entregarles el botín a cambio de su ausencia en la votación de los tres decretos que se votaron en el Congreso el pasado miércoles. La petición de la inmigración no es nueva, lo mencionó Puigdemont el pasado mes de septiembre.
La estrategia del expresidente catalán, que sigue prófugo de la Justicia, es similar a la de los independentistas flamencos, que acusan al Estado belga de las consecuencias que la inmigración ha tenido en la región y denuncian que no le ha puesto «freno». Puigdemont pretende colocarse un «medalla» en una región que efectivamente tiene un problema grave por la inmigración y el islamismo. «Estamos preparados para asumir un tema en el que el Gobierno no ha estado a la altura», sostuvo la portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados, Miriam Nogueras. El acuerdo incluye los permisos de residencia y la expedición de documentos, así como los «flujos migratorios», según la propia Nogueras.
Puigdemont y los miembros de Junts olvidan que fue el expresidente catalán y antiguo líder de CiU, Jordi Pujol, el que fomentó de manera incesante la inmigración en Cataluña, especialmente la procedente de países del Magreb y de África subsahariana, en detrimento de la procedente de la Iberosfera para así imponerles el catalán en detrimento del español. Estas políticas no cesaron con la salida de Pujol del poder, sino que se acrecentaron con el tripartito de izquierdas y con el Ejecutivo de Artur Más después.
Incluso con Puigdemont en la Generalidad de Cataluña, estos planes y privilegios a los extranjeros frente a los españoles no cesaron, lo que favoreció que los inmigrantes que llegaban a España se establecieran en la región. Además, los ataques e insidias a quienes denunciaban —y denuncian— la islamización de Cataluña fueron incesantes.
Vuelta de las empresas que huyeron con el golpe separatista
Además del control migratorio, Junts se encuentra muy cerca de conseguir otro de sus grandes objetivos: la vuelta de las empresas que se marcharon de Cataluña durante el golpe de Estado separatista del año 2017. Su fórmula era la de multar a aquellas empresas que no regresen a la región; sin embargo, el Gobierno apuesta por los incentivos fiscales para que vuelvan, provocando de este modo una enorme desigualdad entre regiones.
Otra de las cesiones de los socialistas es la condonación de la deuda, que fue acordada con ERC en los pactos para la investidura de Pedro Sánchez. Una vez condonada dicha deuda con el dinero de todos los españoles, los de Carles Puigdemont ya piensan en su siguiente exigencia: la hacienda propia para Cataluña.
Con la hacienda propia al estilo de la que tienen el País Vasco y Navarra mediante su sistema foral, Cataluña estaría cada vez más cerca de la independencia, dado que sólo le faltaría asumir competencias en materia de Defensa y política exterior para ser un Estado independiente.
