Junts quiere plasmar en una ley la exigencia al Gobierno de una transferencia de 35.000 millones de euros a la Generalidad de Cataluña como «compensación» por los déficit de inversión y mantenimiento de los servicios ferroviarios de cercanías entre 2009 y 2023.
A través de una enmienda al proyecto de ley de movilidad sostenible, los de Carles Puigdemont explican que esa cantidad, calculada por la patronal Foment del Treball, busca asegurar «una transición justa y equilibrada, facilitando la mejora de la infraestructura y la calidad del servicio en los próximos años».
Pero esos 35.000 millones no es la única transferencia que pide Junts. También quiere que la Generalidad tenga la gestión y «plena competencia» de todas las líneas de Cercanías ferroviarias actualmente gestionadas por el Estado en el territorio catalán, así como los trenes de media y larga distancia que operen en la comunidad autónoma, incluidas todas las infraestructuras ferroviarias, estaciones, instalaciones de mantenimiento, y el parque móvil afecto a estas líneas.
