Cataluña ha manifestado su intención de excluirse del reparto obligatorio de menores extranjeros no acompañados (menas) entre comunidades autónomas, un acuerdo pactado por el Gobierno central y el canario para aliviar la presión migratoria en el archipiélago. Según informan diversas fuentes parlamentarias al diario THE OBJECTIVE, Junts ha exigido a ambos ejecutivos una disposición adicional en la modificación de la Ley de Extranjería para excluir a la comunidad catalana de esta obligación. La formación de Carles Puigdemont argumenta que llevan meses negociando el traspaso de la competencia de inmigración, por lo que consideran que Cataluña debería ser una excepción.
No solo Junts se ha mostrado en contra de esta medida; VOX y el Partido Popular también la rechazan, a pesar de que el PP gobierna en coalición en Canarias. Esta postura ha llevado al presidente canario, Fernando Clavijo, y al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, a reunirse durante dos días con distintos grupos parlamentarios en el Congreso, con el objetivo de sondear sus posiciones ante la votación necesaria para modificar la Ley de Extranjería. Esta reforma es crucial para que las comunidades autónomas puedan asumir de forma obligatoria el reparto de menores extranjeros no acompañados cuando un territorio esté saturado por las llegadas.
Canarias ha sido el principal impulsor de esta medida, ya que cuenta con 80 centros que atienden a más de 6.000 menores migrantes. «Una situación de total desbordamiento«, describió Clavijo. Según datos del Gobierno, Canarias acoge al 45,5% de los menores extranjeros no acompañados en España, un total de 13.200. Aunque la atención de estos menores corresponde a cada comunidad autónoma, el aumento de la migración ha llevado al Ejecutivo canario a promover un sistema de derivación para evitar la saturación de los recursos disponibles.
El acuerdo incluye la derivación de 2.500 menores no acompañados que están en las islas, Ceuta y Melilla al resto de comunidades autónomas. El Gobierno de Sánchez ha destinado una partida de 125 millones de euros que se distribuirá entre las regiones en función del número de menores que acojan. Las islas podrán atender a los menores hasta que su capacidad de acogida se vea sobrepasada en un 150%. Actualmente, según fuentes policiales, solo se derivarían unos 300 menores desde Canarias.
La distribución de los menores se basará en un modelo que considera factores como la población, la renta, la tasa de paro, la dispersión territorial y el esfuerzo que cada comunidad ya realiza para la atención de menores migrantes. La mayoría de las regiones gobernadas por el Partido Popular se oponen a este sistema. La Rioja sería la más afectada, ya que apenas acoge a una docena de menores en la actualidad. Sin embargo, este sistema también considera los recursos disponibles en cada comunidad.
Para que este traslado sea una realidad, es necesario reformar la Ley de Extranjería, una iniciativa que podría avanzar en la Cámara baja, aunque aún no tiene fecha de votación. El Gobierno central y canario informarán este miércoles en el Congreso sobre los avances logrados con las formaciones políticas. Este cambio se materializará mediante una proposición de ley, aunque Canarias prefería un decreto ley por ser un trámite más rápido.
En paralelo, ha habido tensiones entre el Gobierno de Canarias y el Ministerio de Defensa. El departamento de Margarita Robles se ha negado por segunda vez a ceder tres instalaciones militares en Lanzarote, El Hierro y Fuerteventura para acoger a menores extranjeros no acompañados que lleguen en los próximos meses. El Ejecutivo canario había solicitado nuevamente el uso de los cuarteles de Marqués de Herrera, Anatolio Fuentes y El Fuerte para este propósito.
