Ciudadanos solicitaba a Torrent que compareciese de inmediato ante el pleno para «comunicar pública y transparentemente al conjunto de diputados su elección de un candidato viable».
El pleno del Parlament ha rechazado, con el voto delegado por primera vez de Carles Puigdemont, exigir al presidente de la cámara catalana, Roger Torrent, que comparezca «urgente e inmediatamente» para proponer a un candidato «viable» a la investidura de un nuevo presidente de la Generalitat.
La propuesta de resolución la había presentado el grupo de Ciudadanos, que exigía a Torrent «poner fin de inmediato a la situación de bloqueo de las instituciones de Cataluña que sus decisiones han supuesto en perjuicio de los ciudadanos».
La resolución, defendida por la propia líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, desde el atril del hemiciclo, denunciaba que Torrent «está desatendiendo su deber institucional de promover una candidatura viable a la presidencia de la Generalitat, bloqueando de esta manera el Parlament».
Por ello, Ciudadanos solicitaba a Torrent que compareciese de inmediato ante el pleno para «comunicar pública y transparentemente al conjunto de diputados su elección de un candidato viable» o bien «su imposibilidad para hacerlo», permitiendo así «un debate público y transparente, en el que todos los diputados democráticamente elegidos por los ciudadanos puedan participar».
La propuesta ha sido rechazada, con 40 votos a favor -de Ciudadanos y PPC- y 94 votos en contra -de JxCat, ERC, el PSC y los comunes-, incluidos los votos delegados de los seis diputados presos.
Carles Puigdemont, Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull han delegado su voto en la portavoz parlamentaria de JxCat, Elsa Artadi, mientras que Oriol Junqueras y Raül Romeva han podido votar a través del portavoz de ERC en el Parlament, Sergi Sabrià.
Asimismo, la mayoría en la Mesa del Parlament, formada por JxCat y ERC, además de la CUP, ha hecho retirar del pleno de la Cámara los puntos referentes a la convalidación de dos decretos ley firmados por el Gobierno en aplicación del artículo 155, y se ha solicitado ahora un informe a los letrados.
Según fuentes parlamentarias, los tres grupos independentistas han alegado que, según el reglamento, la convalidación de los decretos ley debe ser defendida ante el hemiciclo por un representante de la Generalitat o, en este caso, del Gobierno, por lo que al no darse esta situación podría incurrirse en una infracción reglamentaria, por defecto de forma.
Pero desde otros grupos de la oposición se ha criticado que la decisión se deba únicamente a «intereses políticos», y se ha incidido en la urgencia para convalidar los dos decretos ley, uno sobre la prórroga presupuestaria y otro sobre la recuperación de una parte de la paga extraordinaria de 2012 por parte del personal del sector público de la Generalitat.
