La acusación popular en el caso que investiga a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ha solicitado que Pedro Sánchez declare como testigo en un procedimiento en el que también reclama hasta 24 años de prisión para la investigada. El escrito, coordinado por Hazte Oír, amplía el foco hacia la cúpula política y empresarial del país.
Según la acusación, la posición de Gómez tras la llegada de Sánchez al poder en 2018 incrementó su capacidad de influencia y le permitió acceder a responsables públicos y directivos de grandes compañías. Ese contexto, sostienen, habría facilitado decisiones favorables a sus intereses profesionales, especialmente en torno a su cátedra en la Universidad Complutense de Madrid.
El procedimiento se encuentra a un paso del banquillo, a la espera de que la Audiencia Provincial de Madrid confirme el procesamiento. A Gómez se le atribuyen delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida por presuntamente utilizar su posición para obtener beneficios y acceder a recursos públicos con fines privados.
La petición de testificales refuerza la dimensión política del caso. Además del presidente del Gobierno, la acusación solicita la comparecencia del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; del responsable económico de Moncloa Manuel de la Rocha; y del exdirector de Gabinete Iván Redondo.
El alcance se extiende al ámbito empresarial. Entre los nombres propuestos figuran el presidente ejecutivo de Telefónica Marc Murtra, el ex presidente José María Álvarez-Pallete, el consejero delegado de Endesa José Bogas y el empresario Víctor de Aldama, vinculado al caso Koldo.
El escrito sostiene que, tras la llegada de Sánchez a la Presidencia, Gómez reorientó su trayectoria profesional. En 2018 solicitó una excedencia, fue nombrada directora del IE Africa Center y posteriormente impulsó la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva en la Universidad Complutense. Todo ello, según la acusación, sin un proceso competitivo equiparable al académico y pese a no contar con licenciatura universitaria.
Además, se investiga si utilizó recursos públicos para fines privados al encomendar a una asesora de Moncloa tareas vinculadas a sus actividades particulares, y si trató de beneficiarse económicamente de una plataforma tecnológica financiada por grandes empresas.
La acusación también solicita penas para el entorno de Gómez: 22 años de prisión para su asistente, Cristina Álvarez, y seis años para el empresario Juan Carlos Barrabés, al que atribuye haberse beneficiado de contratos públicos.
El caso adquiere una dimensión política de primer nivel al implicar directamente al presidente del Gobierno y a figuras clave de su Ejecutivo, así como a grandes compañías. La previsión de que el juicio pueda celebrarse antes o en el entorno de las elecciones generales de 2027 sitúa la causa en el centro del escenario político nacional.
