La acusación popular ha pedido para Begoña Gómez 24 años de cárcel por presuntos delitos de malversación de fondos públicos, corrupción en los negocios, tráfico de influencias y apropiación indebida, en el marco de la causa judicial que investiga sus actividades profesionales.
El escrito presentado solicita distintas penas por cada uno de los delitos atribuidos. En concreto, reclama seis años de prisión por tres supuestos delitos de tráfico de influencias, otros cuatro años por corrupción en los negocios y seis más por apropiación indebida. A ello se suman ocho años adicionales como inductora de un presunto delito de malversación vinculado a la contratación de una asistente en el entorno de Presidencia del Gobierno.
La situación procesal adquiere relevancia porque son únicamente las acusaciones populares las que sostienen la causa. El Ministerio Fiscal, por su parte, no aprecia indicios de delito y prevé solicitar la absolución, lo que deja en manos de estas acusaciones la continuidad del procedimiento penal. En caso de que prospere la apertura de juicio oral —todavía condicionada a la resolución de varios recursos—, el proceso se celebraría ante un jurado popular.
La investigación también afecta a otras dos personas. Para Cristina Álvarez, señalada como beneficiaria de una contratación presuntamente irregular, se solicitan 22 años de prisión en total por distintos delitos, entre ellos malversación, apropiación indebida, tráfico de influencias y corrupción en los negocios. En cuanto al empresario Juan Carlos Barrabés, la petición asciende a seis años de cárcel por su supuesta implicación en delitos de tráfico de influencias y corrupción empresarial.
La tesis de la acusación sostiene que la actividad de Begoña Gómez experimentó un cambio significativo tras la llegada de su esposo, Pedro Sánchez, a la presidencia en 2018. Según este planteamiento, ese contexto habría incrementado su capacidad de interlocución con administraciones públicas y grandes empresas, así como su acceso a recursos institucionales.
Entre los elementos señalados figura su vinculación con distintos proyectos académicos y profesionales. La acusación subraya su papel en iniciativas como la dirección de un centro vinculado al ámbito africano, la participación en programas formativos universitarios y la promoción de estructuras como una cátedra dedicada a la transformación social. También se destaca el registro de marcas, dominios y sociedades relacionadas con estos proyectos, que, según esta versión, habrían tenido como objetivo el control y explotación de determinados desarrollos.
En relación con la contratación de Cristina Álvarez, el escrito apunta a una supuesta influencia ejercida en el proceso de selección. Según la acusación, se habría producido una alteración de los criterios habituales, sin tener en cuenta aspectos como la experiencia o la formación requerida, lo que atribuyen a una presión indirecta derivada de la posición de Gómez.
Otro de los puntos clave se centra en la relación con el empresario Juan Carlos Barrabés. Según la acusación, ambos habrían mantenido contactos profesionales desde 2018, incluyendo reuniones en dependencias oficiales. En este contexto, se señala la emisión de cartas de apoyo en procesos de adjudicación pública, cuya relevancia, según la tesis acusatoria, habría podido influir en la toma de decisiones administrativas.
De acuerdo con esta versión, dichas recomendaciones se habrían realizado teniendo en cuenta el peso institucional asociado a su entorno, lo que, a juicio de la acusación popular, habría condicionado el resultado de determinados concursos públicos.
El procedimiento continúa en fase de instrucción avanzada, a la espera de que se resuelvan los recursos pendientes que determinarán si el caso avanza hacia la celebración de juicio oral.
