La acusación popular ha pedido para Begoña Gómez 24 años de cárcel por delitos de malversación de fondos públicos, corrupción en los negocios, tráfico de influencias y apropiación indebida, en el marco de la causa judicial que investiga sus actividades profesionales.
El escrito presentado solicita distintas penas por cada uno de los delitos atribuidos. En concreto, reclama seis años de prisión por tres supuestos delitos de tráfico de influencias, otros cuatro años por corrupción en los negocios y seis más por apropiación indebida. A ello se suman ocho años adicionales como inductora de un presunto delito de malversación vinculado a la contratación de una asistente en el entorno de Presidencia del Gobierno.
La situación procesal adquiere relevancia porque son únicamente las acusaciones populares las que sostienen la causa. El Ministerio Fiscal, por su parte, no aprecia indicios de delito y prevé solicitar la absolución, lo que deja en manos de estas acusaciones la continuidad del procedimiento penal. En caso de que prospere la apertura de juicio oral —todavía condicionada a la resolución de varios recursos—, el proceso se celebraría ante un jurado popular.
La investigación también afecta a otras dos personas. Para Cristina Álvarez, señalada como beneficiaria de una contratación irregular, se solicitan 22 años de prisión en total por distintos delitos, entre ellos malversación, apropiación indebida, tráfico de influencias y corrupción en los negocios. En cuanto al empresario Juan Carlos Barrabés, la petición asciende a seis años de cárcel por su supuesta implicación en delitos de tráfico de influencias y corrupción empresarial.
La tesis de la acusación sostiene que la actividad de Begoña Gómez experimentó un cambio significativo tras la llegada de su esposo, Pedro Sánchez, a la presidencia en 2018. Según este planteamiento, ese contexto habría incrementado su capacidad de interlocución con administraciones públicas y grandes empresas, así como su acceso a recursos institucionales.
