El Gobierno de Estados Unidos ha pedido explicaciones formales por escrito a las instituciones europeas por la regularización masiva de inmigrantes ilegales aprobada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, una medida que Washington considera problemática para la seguridad y la estabilidad del espacio Schengen.
Según fuentes diplomáticas confirmadas de El Español, un alto cargo de la Administración de Donald Trump trasladó la pasada semana a un responsable de primer nivel de Bruselas la «preocupación» del Gobierno estadounidense por una iniciativa que no sólo afecta a España, sino a todo el espacio europeo sin fronteras interiores.
La regularización, pactada entre el Gobierno socialista y sus socios de extrema izquierda, podría beneficiar a entre 500.000 y 840.000 inmigrantes, que recibirían permiso de residencia y trabajo en España y, por extensión, libertad de movimiento por los países Schengen, incluidos Alemania, Francia o Italia, así como Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein.
Aunque la política migratoria es competencia nacional, la Comisión Europea ha recordado que decisiones unilaterales de este calibre tienen impacto directo sobre todos los Estados miembros. El comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, advirtió esta misma semana de que las regularizaciones masivas «no atienden adecuadamente las implicaciones migratorias y de seguridad» del espacio común.
En particular, Bruselas observa con inquietud el diseño del procedimiento español, que relaja de forma sustancial el control de antecedentes penales. El decreto establece que, si el país de origen no responde en un plazo de 30 días, bastará con una «declaración responsable» del solicitante para dar por limpio su historial, un sistema que fuentes policiales europeas califican de potencial «coladero».
El malestar estadounidense se ha colado ya en las conversaciones diplomáticas periódicas entre funcionarios de la UE en Washington y el Departamento de Estado. En ellas, la Administración Trump ha elogiado las políticas de contención migratoria de países como Italia, Grecia o Chipre, al tiempo que se pregunta por qué España avanza en la dirección contraria.
Desde Bruselas se ha trasladado a Washington que la Comisión carece de competencias directas para bloquear la medida, más allá de presionar políticamente al Gobierno de Sánchez. Sin embargo, el episodio evidencia el aislamiento creciente del Ejecutivo español en materia migratoria.
