El barrio de La Mina, en San Adrián de Besós, ha vivido una noche de extrema tensión tras un tiroteo masivo que ha encendido todas las alarmas. Un grupo vinculado a un clan familiar de etnia gitana, que ejerce un fuerte control sobre la zona, abrió fuego utilizando tres pistolas y un arma larga. En total, se realizaron más de 150 disparos. Aunque no hubo víctimas mortales, una mujer fue alcanzada por una bala perdida mientras se encontraba en su vivienda, en lo que es ya otro episodio de violencia armada en esta conflictiva área del área metropolitana de Barcelona.
La alcaldesa socialista de San Adrián, Filo Cañete, ha expresado su preocupación en redes sociales, admitiendo públicamente que el barrio de la Mina está «fuera de control». En un mensaje publicado en Instagram, hizo un llamamiento urgente a implementar medidas excepcionales para retirar las armas de fuego del barrio y recuperar los espacios públicos. «Los vecinos tienen derecho a vivir en paz, tanto en sus hogares como en su comunidad», señaló la alcaldesa, quien gobierna con mayoría absoluta.
Esta declaración supone un giro en la narrativa municipal, que hasta ahora evitaba describir de manera tan explícita la grave situación de inseguridad en el barrio. Desde hace meses, Cañete viene solicitando apoyo a los Mossos d’Esquadra para enfrentar el aumento de la violencia, pero las acciones realizadas hasta el momento han resultado insuficientes.
Uno de los factores que alimenta esta escalada de violencia es la proliferación del narcotráfico en La Mina. Decenas de pisos ocupados se han convertido en plantaciones de marihuana controladas por clanes familiares y mafias. Según fuentes policiales, los tiroteos como el ocurrido anoche suelen ser actos de intimidación entre grupos rivales. «Son demostraciones de fuerza. No buscan un objetivo concreto, pero las balas perdidas acaban alcanzando a inocentes», explican los agentes, quienes llevan tiempo investigando la estructura criminal en la zona.
El negocio de la marihuana ha generado una enorme tensión en el barrio y un aumento exponencial de los incidentes con armas de fuego en los últimos años. A pesar de las intervenciones policiales y las investigaciones conjuntas con la policía local y las fuerzas estatales, la violencia sigue escalando.
Mientras los vecinos claman por mayor seguridad, la oposición no ha tardado en reaccionar. VOX y el Partido Popular han pedido explicaciones a la alcaldesa Cañete y al Departamento de Interior, dirigido ahora por los socialistas, exigiendo que la consejera Nuria Parlon comparezca en el Parlamento para abordar la crisis de seguridad en la Mina.
Por su parte, fuentes municipales han evitado generar tensiones con el gobierno autonómico, también liderado por el PSC, aunque confirman que las medidas solicitadas para reforzar la presencia policial en la zona no se han concretado.
