La Audiencia Nacional juzgará desde este lunes al sanguinario José Antonio López Ruiz, alias Kubati, y a otros cinco individuos por la organización de 120 actos de homenaje a etarras entre 2016 y 2020.
Fue en mazo del pasado año cuando la Sala de lo Penal dio por concluida la investigación en contra de la decisión del instructor, el magistrado Manuel García Castellón, de prorrogar la instrucción para ampliar la investigación a chats administrados por Sortu en los que se impartirían directrices e instrucciones sobre cuestiones relacionadas con presos y fugados.
Además de Kubati, en el banquillo de los acusados también se sentarán Oihana Garmendia Marín, Haymar Altuna, Oihana San Vicente Saez de Cerain, Carlos Saez de Egilaz Murgiondo y Felipe San Epifanio San Pedro.
En su escrito de acusación, la Fiscalía pedía imponer 3 años y 6 meses de prisión a los acusados por un delito de constitución y dirección de organización criminal y 2 años y 1 mes de cárcel por un delito continuado de humillación a las víctimas del terrorismo y enaltecimiento.
El fiscal Carlos Berro aseguraba que «entre los años 2016 y 2020 la denominada dinámica Kalera Kalera dirigida por los acusados se encargó de organizar de forma reiterada y sistemática «ongi etorris» y otros actos de homenaje dispensados a miembros de la banda terrorista ETA en el momento de su excarcelación, del regreso a España y de su fallecimiento».
Para el Ministerio Público, «la organización reiterada y sistemática de tales actos de indudable contenido laudatorio a todos y cada uno de los miembros de la banda terrorista ETA (…) produjo una constante humillación a las víctimas y un impacto psicológico negativo en las víctimas del terrorismo de ETA».
«También generaron en las víctimas un sentimiento de abandono muy elevado ante este tipo de actos, especialmente las víctimas que residían en el País Vasco o que han vivido allí durante años. Además, estos homenajes influyeron negativamente en la vida diaria e interferían en la recuperación psicológica de las víctimas», añadía el fiscal para sumar que, en definitiva, sufrieron «un proceso de revictimización prolongando de forma humillante el sufrimiento de las mismas».
Tras citar numerosa documentación que servía de apoyo a la acusación, Berro destacaba que «la unidad de criterios en la organización de ‘ongi etorris’ y la uniformidad del discurso impuesta era absoluta» y que ha quedado probada «la dirección de ‘Kubati'» de los mismos a juzgar por los mensajes interceptados.
