Societat Civil Catalana, Llibertats y Abogados Catalanes por la Constitución denuncian que esta institución acoja un espacio a entidades que “ponen en entredicho la separación de poderes”. Recordamos otras cesiones o rechazos de recintos que fueron polémicas.

El Colegio Abogados de Barcelona (Icab) ha alquilado un recinto a las plataformas separatistas Asamblea Nacional Catalana y Ómnium Cultural para que celebren un acto titulado Cop a l’estat de dret (Golpe al Estado de derecho), en el que han vuelto a denunciar la “represión judicial del Estado” contra el separatismo. 
Juristas del colectivo Praga y la asociación Drets han denunciado este martes que el encarcelamiento de los lídres de Òmnium y la ANC y los ocho exconsejeros suponen un “golpe al Estado de derecho” y han leído un manifiesto firmado por 1.050 juristas que pide la libertad de los “presos políticos”.
Así lo han hecho en el acto organizado por las entidades separatistas, en el que diez sillas de la primera fila de la sala han permanecido vacías y con un lazo amarillo, queriendo recordar así a los diez independentistas encarcelados.
Las plataforma Societat Civil Catalana, Llibertats y Abogados Catalanes por la Constitución no dan crédito a que el Colegio de Abogados «ceda» un espacio a entidades que “ponen en entredicho la separación de poderes” y que, además, están siendo objeto de investigación.
Han lanzado un comunicado conjunto en el que destacan que los Estatutos del Colegio obligan a la Junta de Gobierno a defender el Estado social y democrático de Derecho proclamado en la Constitución y el Estatuto de Autonomía, a trabajar para la promoción y defensa de los Derechos Humanos y de las libertades públicas”, y a “procurar la armonía y la colaboración entre los abogados, manteniendo y fortaleciendo los vínculos de unión, solidaridad y compañerismo, y potenciar las relaciones de armonía y respeto recíproco entre los que cooperan con la Administración Pública y la Administración de Justicial.
Por su parte, el Colegio de Abogados ha lanzado esta tarde un comunicado para informar de que «en ningún caso, y bajo ninguna circunstancia, se ha cedido gratuitamente ninguna sala para la celebración del acto que organizan –sin ningún apoyo ni colaboración del ICAB- las entidades Òmnium Cultural, Assemblea Nacional de Catalunya, la asociación Drets y el Colectivo Praga».
Ha explicado que «se trata de un alquiler; de la misma manera que otros partidos políticos, instituciones, empresas o entidades se han dirigido en otras ocasiones al Colegio para alquilar espacios que han creído convenientes y necesarios para celebrar sus actos en la sede del ICAB». Ha indicado que el servicio de alquiler de salas y aulas es una actividad mercantil que realiza el ICAB desde hace más de 15 años, tal como se puede comprobar en la página web del Colegio. Asimismo, ha añadido que el servicio de alquiler de espacios no sólo se ha prestado a partidos políticos sino también a empresas particulares, como fue el caso de las compañías que escogieron el ICAB para celebrar diferentes eventos durante el Mobile World Congress.
En el acto de la ANC y Òmnium han participado los presidentes accidentales de estas plataformas, Agustí Alcoberro y Marcel Mauri, respectivamente; el decano del Colegio de Abogados de Manresa, Abel Pié; el profesor de derecho internacional, Fabio Marcelli; la catedrática de Derecho Constitucional de la UB, Mercè Barceló; y el presidente de Derechos, Sergi Blázquez. Ha sido moderado por la periodista Silvia Coppulo.
En él se han explicado los dos recursos que juristas, agrupados en los colectivos Praga y Drets, y diputados catalanes han presentado ante el Tribunal Supremo contra el real decreto por el que el Gobierno central puso fin a la actual legislatura de la cámara catalana y convocó nuevos comicios para el 21 de diciembre.
El Colectivo Praga ha lanzado recientemente un comunicado en el que denuncia que se han vulnerado «derechos fundamentales» y que los diputados deben mantenerse en sus cargos «sin perturbaciones ilegítimas». Insiste en que la existencia de “presos políticos” como los miembros del Gobierno o los presidentes de la ANC y Òmnium, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, es una «aberración jurídica», y critica la aplicación del artículo 155 y la disolución del Parlament, que consideran anticonstitucional.

El Colectivo Praga fue gestado en 2013 por una cuarentena de catedráticos y profesores universitarios del ámbito jurídico para defender el derecho a decidir y proporcionar argumentos jurídicos a favor de una consulta separatista.

Societat Civil Catalana, Llibertats y Abogados Catalanes por la Constitución han pedido al Colegio de Abogados que haga un pronunciamiento público “desmarcándose de cualquier alineamiento con la tesis de los promotores del acto, a fin de mantener la imprescindible neutralidad institucional, respetar el pluralismo ideológico que debe ser inherente a nuestro Colegio Profesional en aras de la armonía entre los colegiados y defender el ordenamiento jurídico vigente”. El ICAB Se adhirió al Pacto Nacional por el Derecho a Decidir

Cabe recordar que el Colegio de Abogados de Barcelona se adhirió en octubre de 2013 al Pacto Nacional por el Derecho a Decidir y que el pasado diciembre el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña lo expulsó de dicho pacto por vulnerar «la libertad ideológica, de expresión y de asociación» de los colegiados.

Un concierto para recaudar fondos

El 2 de diciembre, la ANC celebrará un concierto en el estadio Lluís Companys y el día 7 una manifestación en Bruselas, ambos para reclamar “la libertad de los presos políticos”. Los beneficios del concierto se destinarán íntegramente a la caja de solidaridad, que ya ha pagado las fianzas de Carme Forcadell (150.000 euros) y los 100.000 euros que el juez requirió a cuatro de los miembros de la Mesa de la Cámara catalana.

El vicepresidente de la ANC ha asegurado que hasta la fecha la caja de solidaridad ha recaudado 4.550.000 de euros y se han gastado 3.050.000.

El concierto arrancará a las 16.30 y durará tres horas. Las entradas costarán entre 10 y 30 euros.

Otra cesión polémica

El Ateneo de Barcelona también estuvo en la picota en enero por acoger una conferencia del dirigente de la izquierda abertzale Arnaldo Otegi. Las plataformas Somatemps, Convivencia Cívica Catalana, la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas, D’ Espanya i Catalans, Unidos Sí, y Legión Urbana, entre otras, denunciaron aquella humillación a las víctimas en tierras catalanes.
Somatemps trató hasta el último momento de que la conferencia fuese cancelada a través de una campaña en Change.org, dirigida al presidente del Ateneo, Jordi Casassas Ymbert. “No podemos menos que manifestar nuestra más firme protesta. Hemos de recordar que Arnaldo Otegi nunca ha condenado a la banda terrorista ETA que ha provocado casi 60 asesinatos de inocentes en Cataluña. Recordemos solamente los sangrientos atentados de Vic o Hipercor. Una institución secular y digna como el Ateneo de Barcelona no puede participar en esta ofensa colectiva al honrado pueblo catalán. Por tanto, rogamos que rechace la presencia de este convicto etarra en el acto anunciado en la página web del Ateneo de Barcelona. Apelando a su dignidad y honor, rogamos atienda esta petición”, rezaba la carta, suscrita por más de 1.400 personas. No recibió respuesta alguna, el acto se llevó a cabo, y Otegi fue revistado por el político David Fernández Ramos, de la CUP, amigo suyo. Fue recibido al grito de “asesino”.

Controversia por el rechazo de un local

También generó controversia el rechazo del Gobierno el pasado julio de un local a la plataforma Somatemps para que celebrara su IV Congreso de Catalanidad Hispánica, titulado La construcción de las identidades nacionales: el caso de Cataluña. Y no es el primer desprecio que les hace el Ejecutivo del PP. Recordemos que la reunión que solicitaron a principios de marzo a Soraya Sáenz de Santamaría sigue sin fecha. Cada miércoles alza la voz ante la Delegación del Gobierno en Cataluña para exigir “un 155 de verdad”: la intervención total de la autonomía.
También fue sonada la negativa a la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (ACVOT) de un recinto para para hacer una exposición en homenaje a las víctimas del atentado del Hipercor.
Pidió a la alcaldesa de San Andreu, la socialista Carmen de Andrés, que gobierna en coalición con Barcelona En Comú, que les dejase una sala en Fabra i Coats -antigua fábrica textil de Barcelona reconvertida en espacio cultural, cercana a Hipercor-, pero se la negó.
José Vargas, presidente de la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas, lamentó en La Gaceta entonces que “un año antes sí permitieron a Otegi que diera allí una conferencia allí”. “Para el ínclito hombre de paz Otegi, sí, para las víctimas, no”, denunció indignado.
 
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Pedir la libertad de Los Jordis y otros gestos de la Universidad de Barcelona