La Audiencia Provincial de Madrid ha vuelto a respaldar al juez Juan Carlos Peinado en su tesis de que existen indicios suficientes para sospechar que Cristina Álvarez, asesora en el Palacio de la Moncloa, pudo haber sobrepasado los límites de sus funciones públicas para favorecer los intereses personales de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno.

En una de las tres resoluciones dictadas recientemente adelantada por La Razón, los magistrados de la Sección 23 subrayan que durante las pesquisas se ha constatado la posible implicación de Álvarez «en actuaciones propias del interés particular de la señora Gómez, pese a desempeñar un cargo de libre designación dentro de la Presidencia del Gobierno». Según el tribunal, ello podría suponer una desviación de recursos públicos hacia fines privados, lo que encajaría penalmente en el delito de malversación de caudales públicos, uno de los tipos penales que investiga Peinado.

El juez mantiene abiertas diligencias no sólo contra la asesora, sino también contra la propia esposa del presidente y contra el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre. En el auto, los magistrados aluden como prueba a una serie de correos electrónicos intercambiados con el vicerrector de la Universidad Complutense de Madrid, Juan Carlos Doadrio, donde se evidencia que Álvarez asumió al menos 121 gestiones relacionadas con la cátedra que codirigía Gómez.

No obstante, la Audiencia aclara que la causa no examina la validez del nombramiento de Álvarez como directora de Programas de Presidencia —cargo que obtuvo en julio de 2018—, ya que dicho acto «se encuentra fuera de toda controversia». Lo que se analiza, puntualiza, es el uso de los medios y recursos públicos supuestamente destinados a fines distintos de los institucionales.

El tribunal también anula la decisión del instructor de dividir el caso en dos procedimientos distintos. Considera que Peinado actuó «de forma prematura e inmotivada» al crear una pieza separada sobre la presunta malversación vinculada a la asesora, sin detallar adecuadamente los hechos ni las personas afectadas. En consecuencia, ordena reintegrar esta línea de investigación a la causa principal, donde se indagan delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de software e intrusismo profesional.

Pese a ello, los magistrados no aceptan otro de los argumentos planteados por la defensa de Álvarez, que solicitaba anular la prórroga de seis meses concedida a la investigación el pasado abril. La Audiencia concluye que la ampliación del plazo «fue debidamente motivada» y cuenta con «respaldo legal», ya que el juez expuso con claridad las diligencias pendientes y la posibilidad de ordenar nuevas pruebas tras la recepción de informes periciales.