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La Fiscalía pide 3 años y medio de cárcel por delitos fiscales

La Audiencia Nacional envía a juicio al exembajador Raúl Morodo

El exembajador de España en Caracas, Raúl Morodo.

El juez de la Audiencia Nacional (AN) a cargo del conocido como caso Morodo, que investiga sobre los más de 4,5 millones de euros que el exembajador de España en Caracas Raúl Morodo y su círculo más íntimo habrían recibido de la petrolera venezolana PDVSA, ha decidido enviar a juicio al exembajador. La Fiscalía solicita para él una pena de tres años y seis meses de cárcel y una multa de 378.700 euros por delitos contra la Hacienda Pública.

En el auto de apertura de juicio oral del magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 1, Alejandro Abascal se indica que también se sentará en el banquillo de los acusados el hijo del exembajador, Alejo Morodo, y la esposa de éste, Ana Catalina Varandas, por los presuntos delitos de fraude a la Hacienda Pública que habrían cometido entre 2013 y 2017.

Para estos dos, la petición de cárcel de la Fiscalía es más elevada. Tanto para Alejo Morodo como para su esposa se piden ocho años y seis meses, y multas que rozan los cuatro millones de euros para cada uno.

En cuanto a las responsabilidades civiles, la fiscal Ana Cuenca señalaba en su escrito dice que Alejo Morodo y su esposa debían ser condenados a indemnizar a la Hacienda Pública de manera conjunta con la cantidad de 617.442 euros por el fraude del ejercicio 2013; Alejo Morodo con 315.273 euros por 2014; Raúl Morodo con 126.222 euros por 2014; y Ana Catarina Varandas con 435.970 euros por la defraudación de 2017.

El origen de la investigación

La investigación tiene su origen en la querella que la Fiscalía Anticorrupción presentó en enero de 2019 por presuntos delitos de blanqueo de capitales y delitos contra la Hacienda Pública contra Raúl Morodo, su hijo y otras personas físicas y jurídicas vinculadas.

En la querella se señalaba también a los venezolanos Carlos Adolfo Prada Gómez y a Juan Carlos Márquez Cabrera (que falleció durante la investigación), y contra otras personas físicas y jurídicas de su entorno familiar y empresarial.

Así, las pesquisas se centraron en esos 4,5 millones de euros que recibieron de PDVSA «carentes de justificación real y lógica comercial». Pero el caso, en enero de 2023 y a petición de la Fiscalía, fue desdoblado para poder enviar a juicio el presunto fraude a Hacienda de 2013, 2014 y 2017, y diferenciarlo de la parte conocida como ‘caso Venezolanos’.

Abascal justificó esta decisión señalando que si bien «ambos casos mantenían la conexidad inicial, estaban perfectamente diferenciados y dotados de elementos propios» que permitían su enjuiciamiento por separado.

Turno del escrito de defensa

Ahora, en su auto, Abascal da a los acusados hasta el 5 de junio para presentar su escrito de defensa, y apunta que ese plazo es proporcional al otorgado a las diferentes acusaciones dada la complejidad de la causa. Además, señala que se ha de requerir a los tres una relación de bienes y derechos de los que sean titulares para garantizar futuras responsabilidades civiles o pecuniarias, y les da quince días para presentar esa lista.

Eso sí, acuerda mantener la libertad provisional para los acusados con las cautelares previstas y que consisten en dejar constancia del domicilio en España donde residen y la obligatoriedad de comparecer a los llamamientos judiciales que sean precisos.

Además, Abascal señala que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional es el órgano competente para el enjuiciamiento y fallo de la causa, y apunta que el juicio oral recae sobre la Sección Tercera

Manos limpias pide hasta 18 años de cárcel

El sindicato Manos Limpias, cuyo presidente Miguel Bernad interpuso la denuncia, es la acusación que contempla penas más elevadas. Así, ha pedido que Alejo Morodo sea condenado a 18 años y 6 meses de cárcel por un delito de organización criminal, uno blanqueo de capitales y dos contra la Hacienda Pública.

Además, en el escrito elaborado por la representación legal de Manos Limpias, ejercida por el letrado José María Bueno, se insta a que Varandas afronte una pena de 12 años y seis meses por los mismos delitos. En cuanto a Raúl Morodo, interesa una condena de nueve años y seis meses por un delito de organización criminal, otro de blanqueo de capitales y uno contra la Hacienda Pública.

Manos Limpias también pide que sean condenados a indemnizar a la Hacienda Pública en la misma cantidad solicitada por la Abogacía del Estado.

Por su parte, la Agencia Tributaria, personada también como acusación, interesa para el exembajador la pena de dos años y ocho meses de prisión por un delito contra la Hacienda Pública por el IRPF del ejercicio 2014.

Para Alejo Morodo solicita cuatro años de prisión por el ejercicio de 2013, y tres años y seis meses por el de 2014; mientras que para su esposa interesa cuatro años por el IRPF de 2013, y tres años de cárcel por el delito contra la Hacienda Pública por IRPF del ejercicio 2017.

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