La auditora de la Cámara de Cuentas Nuria Mendoza, que coordinó la revisión de las ayudas investigadas en el caso ERE encargada por la Junta tras estallar el escándalo judicial, ha descrito una situación de «anarquía» en los expedientes de las mismas, con «muchas anomalías» y un «procedimiento anormal».
Mendoza ha declarado este lunes como testigo en la pieza política del caso ERE contra 22 ex altos cargos de la Junta -entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán- acusados de prevaricación y malversación por crear o mantener un «procedimiento específico» con el que durante una década el Gobierno andaluz repartió 850 millones en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis de forma arbitraria y eludiendo los controles, según la Fiscalía.
Tras saltar el caso, el Consejo de Gobierno encargó en 2011 a la Cámara de Cuentas una revisión de las ayudas otorgadas por la Dirección General de Trabajo desde 2001 y 2011 y, según Mendoza, analizaron una muestra de 102 expedientes remitidos por la Consejería de Empleo en los que sólo en seis había solicitud, en 46 había algún tipo de protocolo o acuerdo para la concesión y en 40 no existía ninguna documentación.
Mendoza ha explicado que analizaron las ayudas como subvenciones excepcionales ya que no había norma reguladora, aunque ha considerado que «tenían que haber sido objeto de una regulación específica», pues durante diez años se dieron «ayudas reiteradas y permanentes con la misma fórmula», sin que se apreciara la «urgencia» que las justificara.
Analizadas como ayudas excepcionales «pedimos lo mínimo», que hubiese solicitud, memoria justificativa y seguimiento de que se emplearon para el fin para el que se dieron, si bien «no respondían absolutamente a ningún criterio» y el procedimiento era «tan anormal que era todo confuso».
Según Mendoza, al analizar la documentación remitida por Empleo «no sabíamos si todos los expedientes que teníamos eran todas las ayudas que se habían dado porque no había un registro en ningún sitio».
No obstante, la muestra analizada cubría el 90 % del crédito concedido durante esos diez años, que según sus datos supuso 1.261 millones (incluyendo las pólizas refinanciadas) de los que a 31 de diciembre de 2011 se adeudaban 592 millones a las aseguradoras.
A preguntas del fiscal, Mendoza ha subrayado que «no había un marco legal» ni norma reguladora de la concesión de las ayudas y en ninguno de los expedientes analizados se aludía a las órdenes estatales de 1994 y 1995 sobre ayudas excepcionales para trabajadores y empresas afectadas por procesos de reestructuración que esgrimen las defensas de algunos acusados como base legal.
La testigo ha ratificado las conclusiones del informe de la Cámara de Cuentas, que según ha dicho no sufrieron modificaciones «sustanciales» del primer borrador al informe provisional y al definitivo, tras las alegaciones en las que la Consejería Empleo defendió su gestión, aunque sí algunos cambios porque el pleno de la Cámara abogó por ser «más comedido».
