La nueva presidenta de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), Lucía Ruiz, ha solicitado este jueves al presidente de la Audiencia Nacional, Juan Manuel Fernández, y al fiscal jefe de este tribunal, Jesús Alonso, mantener el impulso para esclarecer los atentados de ETA que todavía permanecen sin resolver. La petición se ha producido durante una reunión institucional en la que la asociación trasladó las principales preocupaciones del colectivo.
En el encuentro participaron también los abogados de la AVT Carmen Ladrón de Guevara y Antonio Guerrero, así como el consejero de la asociación Miguel Floguera. Durante la reunión, los representantes insistieron en la necesidad de garantizar el derecho a la verdad, el acceso a la información sobre los casos sin resolver, el tratamiento penitenciario de los condenados por terrorismo y el seguimiento de los procedimientos que afectan directamente a las víctimas.
Asimismo, la delegación mostró su inquietud por el funcionamiento de la Oficina de Víctimas de la Audiencia Nacional y por el sistema de comunicación de la información procedente del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria. En este sentido, defendió que la asociación pueda recibir también esa documentación para reforzar el seguimiento y el acompañamiento a las personas afectadas.
Según informó la AVT, esta propuesta fue bien recibida por Juan Manuel Fernández, quien se comprometió a trasladarla al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes para estudiar la dotación de los medios necesarios que permitan su aplicación.
Durante la reunión, la asociación también propuso crear un archivo en la Audiencia Nacional con motivo del 50 aniversario de la institución para preservar la memoria de su papel en la lucha contra el terrorismo y facilitar el acceso a documentación de interés para investigadores, especialistas y víctimas.
Ante el fiscal jefe, Jesús Alonso, la AVT reiteró la necesidad de seguir avanzando en el esclarecimiento de los atentados pendientes y reforzar la colaboración con la justicia como criterio esencial para la reinserción de los condenados por terrorismo, garantizando el derecho de las víctimas a la justicia, la verdad y la reparación efectiva.
