La investigación de la agencia USAID por parte del presidente Donald Trump está revelando la inmensa corrupción, tanto económica como moral, que hay en las cacareadas ayudas al desarrollo y humanitaria, promovidas por la ONU, los Gobiernos y las miríadas de fundaciones y ONG bajo la etiqueta de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
No sólo los gobiernos nacionales aportan dinero público a la cooperación para el desarrollo, sino todas las demás Administraciones. En el caso de España: las comunidades autónomas, las diputaciones, los cabildos, los consells, los consejos comarcales, los municipios y los entes púbicos que uno pueda imaginar. Una las administraciones que más recurren a la cooperación, en parte como un elemento de diferenciación de lo español, es la vasca.
La «generosidad» vasca
El Gobierno de Sánchez (PSOE) aumentó el presupuesto de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) para 2023 a 574,63 millones, que con la cooperación delegada de la Unión Europea y otros conceptos ascendió a 698,23 millones. En unos pocos años, la cuantía se ha doblado y ha alcanzado la cifra de 2011, la última del Gobierno del también socialista Rodríguez Zapatero. Como dice el Ministerio en su nota de prensa, este aumento es «reflejo del compromiso del Gobierno con la Agenda 2030 en su dimensión global».
Los 574,63 millones aportados por los Presupuestos Generales del Estado de ese año (están prorrogados para 2025) representan más de 11 euros por ciudadano español.
El último informe de la eLankidetza-Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad, correspondiente a 2023, elevó a 83,63 millones la ayuda pública a la cooperación y desarrollo desembolsada por las instituciones (Gobierno autonómico, las tres diputaciones, los ayuntamientos de las tres capitales y el de Zarauz). Dividida entre los 2,23 millones de habitantes de la región da una aportación de en torno a 37 euros por residente.
Y la cantidad irá subiendo, ya que la Ley de Cooperación y Solidaridad vasca aprobada en febrero de 2024 por PNV, Bildu, PSOE, Podemos y PP (sólo votó en contra Amaya Martínez, única diputada de VOX), establece que el gasto en este apartado debe alcanzar, al menos, un 0,7% del PIB regional. Como este rubro se calcula en 87.857 millones, un 0,7% representa casi 615 millones. O sea, la agencia vasca tendría un presupuesto mayor que la AECID española. Otro factor de singularidad.
La generosidad de los políticos vascos con el dinero de los impuestos es muy superior a la del resto de sus colegas españoles.
La Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, dependiente de la Generalidad controlada por el PSC, tuvo para 2024 un presupuesto de 47,6, inferior en más de un 40% al de Agencia Vasca. El presupuesto de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al Desarrollo, en la Junta dirigida por el PP, ha bajado de 21,7 millones euros, en 2024, a 18,80 en 2025, con protesta airada de las ONG que recibían esos fondos. Y el Plan Anual de Cooperación al Desarrollo de la Comunidad de Madrid (PP) contó en 2024 con 4,81 millones.
Empoderamiento femenino en Sudamérica y África
Es cierto que el País Vasco tiene la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social más baja de España, un 14,8 % de la población, cuando la media nacional es de un 25,8%, pero aun así hay muchos vascos pobres, y la Administración local prefiere enviar más de 80 millones de euros a 65 países a través de 238 asociaciones, en su mayoría domiciliadas en la comunidad.
De los 83,6 millones de euros, el 62,47 % financió iniciativas de cooperación internacional para el desarrollo y un 17,99 % iniciativas de acción humanitaria y de emergencia. Un 11,88 % de los fondos se empleó en acciones de educación para la transformación social en el País Vasco, «principalmente a proyectos desarrollados en los ámbitos de la formación y la sensibilización». Es decir, casi 10 millones para dar charlas, talleres y juegos a niños y pensionistas. ¿A quiénes se adjudican estos millones?
Los países extranjeros que más ayuda para el desarrollo y la acción humanitaria recibieron fueron: Guatemala (6.004.156 euros), Colombia (5.523.900 euros), El Salvador (5.501.929 euros), Perú (4.173.193 euros), Senegal (3.118.028 euros) y Palestina (3.098.207 euros). El dinero asignado lo reparten «entidades canalizadoras» a través de «socios locales».
Las mayores «entidades canalizadoras» fueron las siguientes. La Fundación Alboan, vinculada a los jesuitas, que canalizó 3.415.133 euros. La Fundación Mundubat, dedicada a la “justicia climática” y a la “construcción de la paz”, distribuyó 3.193.571 euros. La Asamblea de Cooperación Por la Paz canalizó 2.679.779 euros. Y la Asociación Comité español de la UNRWA, ONG de la ONU dedicada a los refugiados palestinos, 2.639.572 euros.
Las principales entidades socias locales, de acuerdo con los fondos desembolsados en 2023 en proyectos en los que han participado (de manera individual o consorciada), dentro de las modalidades de Cooperación para el desarrollo y Acción humanitaria y de emergencia, son: la Media Luna Roja Saharaui (1.530.764 euros); la Asociación Colectiva de Mujeres para el Desarrollo Local, de El Salvador (1.463.520 euros); la UNRWA, en Líbano (1.000.000 euros); el Centro de Investigación y Promoción Popular, de Perú (978.955 euros); la Fundación Yapawayra, de Colombia (888.213 euros); el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, de Perú (812.064 euros); y el Movimiento Manuela Ramos, de Perú (777.064 euros). La mayoría de estas ONG tienen un sesgo feminista, abortista y de género, impuesto por los ODS y la Agenda 2030.
Así, el Movimiento Manuela Ramos declara que «trabaja incansablemente en la promoción y defensa de la autonomía de las mujeres, aportando a la construcción de la democracia y de relaciones de género equitativas». Para la Fundación Yapawayra, la «equidad de género» constituye una «línea transversal», que «supone una forma de abordar la realidad con una mirada particular y más profunda». El Centro Flora Tristán promueve «la autonomía reproductiva de las mujeres y el incremento de la opinión favorable frente a la despenalización del aborto».
Bicicletas para Valencia
Esta generosidad monetaria con el lejano contrasta con la tacañería con el cercano. Con motivo de las inundaciones que arrasaron varios municipios de Valencia y Albacete y causaron más de 220 muertos, diversas instituciones vascas participaron a finales de 2024 en la iniciativa Bicicletes per a València.
El Ayuntamiento de Bilbao, el más poblado de la región y gobernado por PNV y PSOE, aportó 3.391.865 de euros a ayudas al exterior. Para los valencianos propuso recoger 25 bicicletas y enviárselas. La concejal socialista, Nora Abete, presentó así la ad la movilidad es sinónimo de libertad y derecho básico, y con esta acción, el Ayuntamiento de Bilbao asegura que las personas afectadas por la DANA puedan recuperar ese derecho esencial y avanzar hacia la reconstrucción de sus vidas«
Al Ayuntamiento de Vitoria, también gobernado por PSOE y PNV, que desembolsó 3.319.501 euros como ayuda al desarrollo, se le ocurrió vender, a precios simbólicos de 20 o 50 euros, sillas, butacas, carteles y otros materiales del Teatro principal y entregar lo recaudado a los damnificados. Desde San Sebastián se mandaron 95 bicicletas recogidas por una asociación de ciclistas urbanos, no por el ayuntamiento, que en cambio donó casi 2,1 millones a la solidaridad fuera de España. Otros ayuntamientos vascos, como los de Baracaldo y Amorebieta, se unieron también a la recogida. Y también recogieron botas de agua. El Gobierno y las Diputaciones enviaron comida a través de los bancos de alimentos.
Unas pocas bicicletas usadas para los valencianos, mientras que las feministas guatemaltecas y peruanas recibieron miles euros. Pero nos dicen que criticar la ayuda al desarrollo es injusto y populista.
