En el País Vasco, aparte de los 113.000 euros brutos que percibe el presidente autonómico, hay otro asunto en que se supera en mucho a su equivalente nacional y es el de los subsidios contra la pobreza. Fue la primera región en establecer un ingreso mínimo, en 1989, un gobierno de coalición PNV-PSOE. Ahora, entre los más generosos de España. El presupuesto para este año de la Renta de Garantía de Inserción (RGI) subió un 5% respecto al anterior y se situó en 382 millones de euros, mientras que en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, la Renta Mínima de Inserción supone 15 millones.
Los beneficiarios de la RGI pueden ser personas en paro, trabajadores con pocos recursos, pensionistas, inmigrantes sin permiso de residencia, etc. Se trata de una prestación que complementa los ingresos de las personas beneficiarias, sean salarios o sean otras prestaciones. Según su gestor, el Servicio Vasco de Empleo (Lanbide), en febrero los perceptores fueron 57.334 personas, de las que un 25% son pensionistas. Los beneficiarios totales ascienden a 98.427.
En 2022, el Parlamento vasco aprobó con los votos a favor del PNV, el PSE-PSOE y Podemos una ley para regular la RGI. Entre las novedades, destacaban la solicitud desde los 18 años de edad y un índice de revalorización, que hizo que la cuantía de las RGI haya aumentado de 2023 a 2024 en un 5%.
Desde el 1 de enero pasado, un adulto solo está ingresando 840 euros; una unidad de convivencia formadas por dos adultos solos percibe una RGI de 1.120 euros, que el año pasado era de 1.067. Dos adultos con un menor cobran este año 1.288 euros, en comparación con los 1.227 euros del año pasado; dos adultos con dos menores han pasado de cobrar 1.387 euros en 2023 a 1.456 euros; y la RGI de un adulto con dos menores ha crecido de 1.253 a 1.316 euros.
El salario medio en toda España en 2023 fue de 1.920 euros mensuales y el salario mínimo obligatorio (SMI) fijado en marzo es de 1.323 euros brutos en 12 pagas. Es decir, algunos pueden preferir el cobro de la RGI, porque trabajando se cobra sólo un poco más o incluso menos. Y el número de estafadores también está creciendo.
El IMV nacional no puede competir con la RGI vasca, aunque el porcentaje de aumento de las cuantías para 2024 haya sido superior, un 6,9%. Un adulto cobra 604 euros al mes; un adulto con un menor a su cargo, 785 euros; dos adultos con un menor, 967 euros; la misma cantidad percibe un adulto con dos menores; y dos adultos y dos menores, 1.148 euros. Sin embargo, se puede solicitar y percibir el IMV, aunque computa para los baremos de las RGI. La gestión del IMV la realiza también Lanbide, ya que se lo cedió el Gobierno de Sánchez.
Los más de 57.000 perceptores de las RGI, que no paran de aumentar, suponen más de un 2,5% de la población vasca a 1 de enero, que era de 2.227.581 personas. En la vecina Cantabria, los perceptores de su Renta Básica eran unos 5.000 a finales del año pasado, dentro de una población residente, a 1 de enero de 2024, de 591.151 personas. Es decir, menos de un 1% de la población.
Según la información de marzo pasado del Ministerio de Inclusión, en Cantabria 5.547 personas u hogares percibieron prestaciones del IMV. Los perceptores de la Renta Básica regional forman otro grupo distinto, con lo que habría que sumarlos para obtener el número total de beneficiarios de estos subsidios, que rondaría los 10.000, cerca de un 1,8% de la población.
Ese mismo mes, en el País Vasco se abonaron las prestaciones del IMV a 25.719 personas u hogares. Los residentes en esta comunidad pueden solicitar también una RGI del Gobierno vasco, como ya se ha dicho. Entre éstos, en torno a la mitad complementan con RGI el IMV. Es decir, los perceptores de los dos subsidios contra la pobreza son más de 65.000 en la comunidad vasca.
¿A qué se debe semejante diferencia en las cifras? ¿Hay más pobres en el País Vasco, donde la tasa de paro es inferior a la de Cantabria, aunque el precio de la vivienda está por encima? ¿Hay que unir a la lista de fracasos del PNV, junto con la desaparición del pueblo vasco y la desindustrialización, el crecimiento de la pobreza?
Una explicación puede ser la regulación de la Renta Social Básica cántabra: se concede a partir de los 23 años de edad, es el 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (600 euros mensuales) y únicamente a las personas que no pueden acogerse al IMV. El presupuesto de la Renta Básica cántabra para 2024 es de 15 millones de euros, un 4% del que tiene el Servicio vaco de Empleo para las RGI.
Muchos ciudadanos vascos están convencidos de que la generosidad de las RGI que da la Administración autonómica nacional-socialista atrae a cientos de nuevos vascos, que viven cómodamente a costa de los contribuyentes.
