«Ser es defenderse», Ramiro de Maeztu
el sector, en crisis financiera

La burbuja de las renovables estalla en España: más de 2.000 millones en deuda reestructurada y cientos de horas con precios negativos

Placas solares en León.

La expansión descontrolada de la energía fotovoltaica, alentada durante años por el crédito barato, la abundancia de capital y las políticas de descarbonización, ha terminado por colocar a una parte del sector renovable español ante una grave crisis financiera. Las empresas afrontan ahora el desplome de sus ingresos, cientos de horas con precios negativos y unas deudas contraídas bajo unas previsiones de rentabilidad que el mercado ha desmentido.

El problema ya no consiste en construir nuevos parques solares, sino en evitar la quiebra o el deterioro de los que ya están funcionando. La capacidad renovable instalada ha crecido a un ritmo muy superior al de la demanda eléctrica, mientras España continúa arrastrando problemas de almacenamiento, saturación de la red e insuficientes interconexiones con otros países.

El resultado es una combinación especialmente dañina para el sector: demasiada producción en determinadas horas del día y una demanda incapaz de absorberla. Sólo en 2026 se han registrado más de 600 horas con precios negativos en el mercado eléctrico. En algunos meses, las plantas fotovoltaicas han llegado a ingresar menos del 10% del precio medio diario de la electricidad.

La crisis ha obligado ya a numerosas compañías a refinanciar sus deudas, renegociar con sus acreedores, buscar nuevos inversores o vender activos con fuertes descuentos. Entre las empresas afectadas figuran Soltec, Prodiel, Amara NZero, Univergy, ID Energy, Guzmán Energy, Capital Energy, Holaluz, Neoelectra, Solar Profit, Engel Energy y Enerside.

Las operaciones de reestructuración de mayor tamaño superan conjuntamente los 2.000 millones de euros. Sólo las quitas acordadas en casos como los de Soltec, Amara y Prodiel rebasan los 700 millones. Se trata de deuda que los acreedores aceptan perder para garantizar la supervivencia de las compañías y evitar su entrada en concurso o su liquidación.

Otras empresas no han conseguido evitar los procedimientos concursales. Es el caso de Neoelectra, que ha comenzado a vender plantas como unidades productivas. El fenómeno refleja el agotamiento de un modelo de crecimiento basado en la financiación abundante y en unas expectativas de ingresos que no se han cumplido.

Refinanciar la deuda o vender con fuertes descuentos

Las empresas afectadas se enfrentan principalmente a dos alternativas. La primera consiste en conseguir nuevo capital, refinanciar los vencimientos, incorporar accionistas o negociar planes de reestructuración para ganar tiempo. La segunda pasa por vender activos o compañías completas a precios muy inferiores a los que habrían alcanzado hace apenas unos años.

En algunos casos, los proyectos llegan a venderse por cantidades simbólicas con el objetivo de salvar los avales comprometidos. Cuanto más tardan las compañías en actuar, mayor es el riesgo de que el deterioro del mercado reduzca todavía más el valor de sus activos y permita a los acreedores imponer condiciones más duras.

Los socios de DLA Piper Juan Verdugo y Pablo Echenique explican que muchos proyectos fueron diseñados con ratios de cobertura y reservas de deuda calculados sobre previsiones de precios, producción y disponibilidad de la red que actualmente resultan difíciles de sostener.

Cuando los ingresos reales son insuficientes para atender los vencimientos, las compañías terminan obligadas a negociar aplazamientos, refinanciaciones, ventas de activos, entradas de capital o planes de reestructuración.

El problema se extiende además a la financiación de la hibridación de las plantas fotovoltaicas, considerada una de las posibles soluciones para aprovechar mejor la producción. Estas operaciones requieren nuevas inversiones precisamente cuando bancos y fondos muestran una creciente desconfianza hacia un sector en el que ya han acumulado importantes pérdidas.

La banca cierra el grifo a los proyectos más arriesgados

Las quitas de entre el 50% y el 90% registradas en algunas de las grandes reestructuraciones han endurecido las condiciones de financiación.

Los bancos y fondos analizan ahora con mayor rigor la exposición de los proyectos al precio del mercado, la solidez de los contratos de compraventa de energía a largo plazo, conocidos como PPA, la capacidad de evacuación de la electricidad y la resistencia financiera de las empresas promotoras.

La banca exige cada vez más contratos a largo plazo que garanticen unos ingresos previsibles. Sin embargo, la caída de los precios también ha alterado el mercado de estos acuerdos y plantea nuevas dudas sobre cómo financiar las baterías necesarias para almacenar los excedentes de electricidad.

A estas dificultades se suman los retrasos administrativos, los problemas de acceso y conexión a la red, las restricciones de producción, los precios cero o negativos y el incremento de los costes.

Las grandes empresas conocidas representan sólo una parte del problema. Decenas de compañías de menor tamaño y proyectos surgidos durante los años de expansión de las renovables están aumentando las pérdidas de bancos y otros acreedores.

Los expertos advierten de que la crisis todavía no ha tocado fondo. Su evolución dependerá de la implantación del almacenamiento, la hibridación de las instalaciones, el aumento de la demanda eléctrica y los cambios regulatorios.

Mientras tanto, algunos bancos y fondos están trasladando sus inversiones hacia otros mercados europeos, como Italia, lo que reduce todavía más las posibilidades de financiación para las compañías españolas.

El sector renovable afronta así las consecuencias de un crecimiento de la capacidad instalada muy superior al de la demanda y de una expansión que no ha ido acompañada al mismo ritmo por las redes, las interconexiones y los sistemas de almacenamiento necesarios.

Después de años de inversiones masivas y expectativas de rentabilidad, el mercado ha entrado en una fase de ajuste que amenaza con provocar nuevas refinanciaciones, ventas forzosas y concursos. El futuro inmediato dependerá de la capacidad de las empresas para sobrevivir hasta que aumente el consumo eléctrico y España disponga de las infraestructuras necesarias para gestionar la producción renovable ya instalada.

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