Al Gobierno de España le ha superado por completo la situación. La batalla legal y judicial ha resultado perfectamente inútil. Hubo fotos de cargas policiales y hubo referéndum. La sensación de orfandad política, de incomparecencia del Estado, no hace sino crecer cada día. Rajoy, mientras tanto, insiste en el “diálogo”
El once de septiembre de 2012 se produjo la primera gran manifestación indepedentista. El presidente del Gobierno despachó la más concurrida manifestación popular de la historia de Barcelona como “un lío”. Y señaló la que, a su juicio, era “la prioridad de los catalanes”: el desempleo y la crisis económica. Ignoraba que se enfrentaba a una revolución que puede acabar llevándose por delante su carrera política y lo que es peor, la existencia misma del país.
Al Gobierno de España le ha superado por completo la situación. Rajoy, un tecnócrata sin ideología, un registrador de la propiedad, y Soraya Sánez de Santamaría, una abogado del Estado, en ningún momento supieron leer un movimiento emocional e identitario que les ha desbordado por todos los flancos. No es posible comprender, y menos combatir, una revolución hiperpolítica desde tablas de Excel y páginas del BOE. No es una cuestión material, de dineros o física, es una voluntad metafísica lo que ha movido al separatismo a las puertas de Ítaca.
El Gobierno juega el partido en un campo vacío
El presidente creyó que se enfrentaba a dirigentes políticos homolgables a él, a líderes comprometidos con el imperio de la ley. Empleó una artillería legal y judicial que ha resultado perfectamente inútil. Se parapetó detrás de los tribunales y confirió al Tribunal Constitucional competencias propias del poder ejecutivo. De nada sirvió. El Gobierno opera en el terreno de juego de las leyes un partido que hace años que se disputa en dimensiones políticas donde el separatismo tiene ya una ventaja colosal: el tejido asociativo, mediático, cultural, emocional, educativo, sociológico e internacional.
La paradiplomacia separatista lleva años trabajando cancillerías, medios internacionales, embajadores, diplomáticos, eurodiputados y líderes de opinión. Todo con resultados “ridículos” a juicio del Gobierno. Tras la actuación policial del 1-O Rajoy se dio de bruces con el muro de la realidad y comprobó que la labor de zapa del separatismo en el exterior, de pronto, era exitosa. La “represión policial” encajaba con el relato que el independentismo había difundido y según el cual Cataluña se enfrentaba a un país semidemocrático y de pulsión autoritaria.
El Estado perdió la batalla por el relato, la pugna por legitimarse en el imaginario colectivo. Se abrió por vez primera una grieta en la Unión Europea y se perdió el favor de la prensa internacional, que abrió sus portadas con las imágenes con las que el separatismo llevaba años soñando. Una torpeza de dimensiones colosales y cuyos efectos no será posible revertir a corto plazo.
El Gobierno tuvo meses para desactivar el referéndum de forma aséptica y no fue capaz. El Ministerio del Interior desplegó policías, guardias civiles y servicios de inteligencia y no se encontró una sola urna. Ninguna. Tampoco previó la traición de los Mossos d’Esquadra. No había plan B. Por contra, sí hubo fotos de cargas policiales y sí hubo referéndum.
Y cuando los presuntos excesos policiales habían abandonado la agenda política, el delegado del Gobierno, Enric Millo, ha acudido a TV3 a ofrecer “disculpas” al pueblo catalán, confirmando implícitamente que tales excesos se produjeron y dejando, una vez más, a Policía y Guardia Civil a los pies de los caballos. Resulta difícil imaginar un saldo más catastrófico.
Los policías y guardias civiles fueron, en los días posteriores al 1-O, humillados y acosados por toda Cataluña. Obligados a una penosa peregrinación en busca de hospedaje. Una Vía Crucis de resultas del cual, es cierto, brotó un patriotismo espontáneo por toda España. Una sentimiento de comunidad parejo a la sensación de orfandad política, de incomparecencia del Estado.
Rajoy: “no existe motivación jurídica suficiente para la aplicación del 155”
La indignación con el Gobierno de España no hace sino crecer cada día. La parálisis del presidente desespera a socialistas como José Bono o Alfonso Guerra, que piden la aplicación inmediata del Artículo 155. Otros ex altos cargos firmaban una carta que, dirigida a Pedro Sánchez, mandaba un mensaje al presidente del Gobierno: “actúe”.
Desde Ciudadanos, que también insisten desesperadamente en la necesidad de intervenir, denuncian que el presidente del Gobierno aseguró a Rivera que “no existe motivación jurídica suficiente para la aplicación del 155”.
El último error de estrategia del Gobierno y que vuelve a proveer de munición argumental a la Generalitat tiene que ver con el recién aprobado real decreto ley “que agiliza la salida de empresas de Cataluña”. El éxodo, sin embargo, ya se estaba produciendo de manera espontánea, proceso sólo imputable a las empresas. Desde el movimiento del Gobierno, el mundo separatista denuncia una “asfixia económica promovida por el Estado”. “El Gobierno español refuerza la estrategia del miedo: anima a las empresas a irse de Cataluña”, titula NacióDigital. Para colmo, el decreto ley ha transmitido la sensación de que la situación está descontrolada y la secesión es inminente.
Mas la mayor inquietud tiene que ver, no obstante, con lo que pueda ocurrir a medio plazo, si es que el Estado logra evitar la ruptura. Y es que Rajoy insiste en el “diálogo” con los sediciosos (si «vuelven a la ley») y se extiende el temor de que el separatismo no sólo puede salir indemne del brutal desafío sino que el Gobierno podría incluso premiar su actitud en forma de más privilegios fiscales, competenciales y políticos. De ocurrir, Rajoy habría convertido el golpe de Estado en una nueva forma de hacer política.
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